Costa Rica tiene todo, absolutamente todo, para ser el primer país desarrollado de América Latina.
Todos deberíamos compartir esa meta y trabajar para generar efectivas convergencias y ACUERDOS NACIONALES, por encima de las diferencias legítimas y los enfoques particulares de quienes ejercen el “poder político” en el Ejecutivo y la Asamblea Legislativa o representan a los sectores organizados de nuestra sociedad. Un poder que, en el caso de los políticos, además, es siempre temporal y sujeto al Estado de derecho.
En estos dos años de gobierno, se ha avanzado en poner orden en la materia fiscal y la atención de la deuda pública y, hacia el futuro, entusiasma muchísimo la proyectada Ruta de los Microchips. Siguen, sin embargo, pendientes, acumulados y en franco retroceso nacional, temas trascendentales y prioritarios, como la Reforma del Estado, la crisis explosiva y creciente de inseguridad, el estado calamitoso de nuestra infraestructura, el gravísimo retroceso en la educación, la situación de la salud pública (CCSS) y se han dejado sin presupuesta a casi todos los programas de solidaridad y ayuda social.
Ese es el cuadro objetivo de la realidad nacional.
Pero hay un punto concreto que es una auténtica vergüenza y se llama CRUCITAS. Es inaceptable, por soberanía nacional y desde el ángulo de un desarrollo integral, sostenible, en armonía con la madre naturaleza, la existencia de esa brutal herida abierta en el territorio norte de Costa Rica. Y que pase el tiempo… y no se haga absolutamente nada y que el oro y la riqueza de CRUCITAS, que es de todos los costarricenses y del país, termine de contrabando sumando al PIB de la dictadura oprobiosa que gobierna tiránicamente en Nicaragua. Eso es absolutamente inaceptable.
Por ello, apoyo ciento por ciento el enérgico y visionario pronunciamiento del Colegio de Geólogos y una acción inmediata, concertada, eficiente, en varias direcciones de acción estatal, para una explotación racional, científica, controlada y en armonía con la naturaleza, para recuperar el tiempo perdido, sanear, recuperar y reforestar esa parte del territorio nacional, emplear a fondo la Fuerza Pública, poner orden y evitar la explotación ilegal de los coligalleros extranjeros y nacionales, renegociar racionalmente el contrato con los canadienses o asumir otra dirección, técnicamente correcta, productiva, extractiva y de comercialización, e imponer la soberanía nacional en la zona de CRUCITAS.
¿Seremos tan inútiles, como país, que ni siquiera ese objetivo nacional podemos concretar, definir e implementar con una estrategia y acciones públicas efectivas, en beneficio del desarrollo integral y sostenible de Costa Rica? El Gobierno de la República debe asumir esa intransferible responsabilidad y presentarle al país un “plan de acción” pragmático de soluciones para CRUCITAS. ¿Será eso pedir demasiado? Opino que NO y que esa es una obligación ineludible del presidente Rodrigo Chaves y su equipo ejecutivo. ¿O no es así?