La decisión del Consejo de Jueces sobre la rebaja de cuotas de trabajo de las personas juzgadoras fue discutida por los magistrados de la Corte Plena, quienes coincidieron en que el tema debería llevarse al Consejo Superior del Poder Judicial.
El conflicto surge porque algunos magistrados consideran que no hubo criterios técnicos que justifiquen la decisión de los jueces de que las cuotas de trabajo serían de 30 resoluciones anuales y 2,5 mensuales.
Sin embargo, la Comisión de la Jurisdicción Contencioso Administrativo decidió avocar (tomar el control) el acuerdo del Consejo de Jueces el pasado 30 de junio, lo que causó que el tema llegara a la Corte Plena.
Fernando Castillo, magistrado de la Sala Constitucional, planteó a la Corte Plena que se decidiera si lo actuado por el Contencioso Administrativo era correcto o si se debía intervenir por este caso.
“Mi gestión es muy concreta, es el deber de esta Corte de verificar como gobierno judicial si la disminución de las cuotas de cargas de trabajo está o no justificada; es decir, si existe un criterio objetivo o razonable para que se avocara ese acto administrativo, máxime que dicho acto afecta negativamente ese servicio.
Si se dictan menos sentencias, la consecuencia lógica es que los usuarios del servicio deberán esperar más tiempo para que se les imparta justicia”, dijo Castillo.
De acuerdo con el magistrado, mediante un informe de la Dirección de Planificación se debería constatar si la medida tomada por el Consejo de Jueces estaba bien justificada técnicamente.
“Una vez que se tengan esos elementos de juicio y otros que puede aportar el Colegio de Jueces, considero que podemos tomar una decisión bien sustentada, en el sentido de que esa fijación de cuotas a la baja tiene una justificación objetiva y razonable”, agregó Castillo.
La intención de Castillo era que los magistrados determinaran si la decisión de los jueces era la correcta o no.
OPOSICIÓN
Aunque varios magistrados celebraron la posición de Castillo de encontrar una medida que justifique técnicamente la rebaja de cuotas de carga de trabajo, Patricia Vargas, magistrada de la Sala de Casación Penal, dijo no compartir dicho criterio.
Calificó “riesgoso” que los magistrados de la Corte Plena asumieran la decisión final sobre la cantidad de las cuotas de trabajo de los jueces.
“No compartiría la posición de don Fernando y mi voto sería por entender que la Corte no tiene por qué asumir este tema, sin perjuicio, que yo creo es evidente la preocupación que todos tenemos en cuanto a este reglamento sea conocido en Corte, pero no la definición de las cuotas”, explicó.
Por su parte, Luis Porfirio Sánchez, magistrado de la Sala Segunda, señaló que en una sesión anterior de la Corte se decidió dejar el tema al Consejo Superior.
Por eso para evitar la duplicidad de funciones lo ideal sería que la Dirección de Planificación elabore dicho informe y se lleve directamente al Consejo.
“Todo debe llevarse en el Consejo Superior, que fue donde inició el rediseño. En consecuencia, yo estaría de acuerdo en que sea el Consejo Superior quien disponga lo referente al rediseño”, explicó.
En lo que sí coincidieron los magistrados es que se revise el reglamento que regula el funcionamiento de la Comisión de la Jurisdicción Contencioso Administrativo Civil de Hacienda.
Castillo dijo que le preocupa que el Consejo de Jueces decida bajarse la cuota de trabajo y la Corte Plena no se manifieste al respecto, sin embargo, accedió a que el tema se lleve al Consejo Superior.
“Me preocupa que hoy enterremos esto y pareciera que aquí no ha pasado nada, y ha pasado mucho. Posiblemente ese rebajo de cuotas es muy significativo”, manifestó.
Mientras que Luis Guillermo Rivas, magistrado de la Sala Primera, se mostró sorprendido por que se pretendiera alterar el orden de la agenda de la Corte Plena para analizar una reforma al reglamento.
Tras una votación unánime, un grupo de 20 magistrados acordó iniciar un procedimiento de revisión del reglamento en cuestión, que es un documento especial e histórico de la Corte.
Posteriormente, 14 magistrados acordaron remitir el tema a la Comisión de la Jurisdicción Contencioso Administrativo Civil de Hacienda, mientras que 6 deseaban que el tema lo analizara la Dirección Jurídica.