El proyecto de ley 24.616, que se encuentra en estudio en la Comisión de Económicos de la Asamblea Legislativa, levanta críticas en diversos actores del sector financiero.
Uno de ellos es la Oficina del Consumidor Financiero (OCF), que cuestiona el hecho de que funciones de supervisión que llevan a cabo las superintendencias ahora las haría el Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC).
“Esto podría generar traslape de decisiones que afectarían al consumidor principalmente”, afirmó Danilo Montero, director general de la OCF.
También cuestionó que se impone un canon que sería muy caro y es probable que termine trasladándose al consumidor de seguros, valores y entidades financieras.
Otra crítica que hace Montero se relaciona con el hecho de que se otorgan potestades jurisdiccionales a las resoluciones del MEIC que establecerían sanciones por daños y perjuicios, lo que solo pueden hacer los juzgados.
Además las resoluciones tendrían valor de cosa juzgada, lo que impediría al consumidor financiero recurrir a los tribunales si no está satisfecho con lo resuelto.
El diputado Eliécer Feinzaig, advirtió que el Gobierno quiere crear una mega superintendencia del MEIC.
“La solución que plantea el Gobierno es muy mala porque, en primer lugar, politiza la defensa del consumidor al dársela a un ministerio”.
