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La orden urgente de la Contraloría General de la República a la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) desnuda una realidad alarmante: nuestro sistema de salud está en crisis tecnológica, y son los pacientes quienes pagan las consecuencias de la incompetencia institucional.
El caso del sistema Redimed es emblemático de todo lo que está mal en la gestión pública. Con ¢15 mil millones ya ejecutados (el 71% del presupuesto) solo se ha logrado implementar la plataforma en el 26% de los centros previstos. Peor aún, hospitales como San Vicente de Paúl han solicitado el cese definitivo del sistema por considerarlo “un riesgo para el diagnóstico oportuno de los pacientes”.
Esta no es una falla técnica menor: es una catástrofe administrativa que pone en peligro vidas humanas. Mientras los directivos de la CCSS y del ICE se pierden en laberintos burocráticos, miles de costarricenses esperan diagnósticos que podrían salvar sus vidas. La Auditoría Interna reporta 7.612 estudios de resonancia magnética pendientes de lectura, creando un limbo médico donde la incertidumbre se vuelve tan peligrosa como la enfermedad misma.
La situación revela un patrón preocupante: pagos sin respaldo contractual, ausencia de mecanismos de validación, falta de planes de contingencia y una ejecución plagada de fallas. ¿Cómo es posible que en pleno 2025, con la tecnología disponible, no seamos capaces de garantizar que un médico pueda visualizar adecuadamente una radiografía o una resonancia magnética?
La desmotivación de los radiólogos ante esquemas de pago inadecuados agrava el panorama. No se trata solo de dinero, sino de condiciones laborales que permitan ejercer la medicina con dignidad y eficiencia. Cuando los especialistas pierden la confianza en el sistema, todos perdemos.
La Contraloría ha sido clara en sus exigencias: acciones correctivas inmediatas, garantía de continuidad del servicio y decisiones ajustadas al marco legal. Pero estas medidas, aunque necesarias, llegan tarde. La crisis ya está aquí, instalada en cada sala de espera donde un paciente aguarda un diagnóstico que no llega.
El Estado costarricense no puede seguir fallando en lo esencial. La salud no es un servicio más: es un derecho fundamental que requiere instituciones competentes, tecnología funcional y gestión eficiente. No podemos permitir que la incompetencia administrativa se traduzca en diagnósticos tardíos, tratamientos postergados o, en el peor de los casos, vidas perdidas.
La solución requiere liderazgo político decidido, supervisión técnica rigurosa y, sobre todo, la comprensión de que detrás de cada falla del sistema hay personas reales enfrentando enfermedades reales. La CCSS debe actuar ya, no mañana. La salud de los costarricenses no puede seguir esperando mientras las instituciones aprenden a hacer su trabajo.