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La economía costarricense enfrenta, en los primeros meses de la Administración Fernández Delgado, un menor ritmo de crecimiento, una producción de zonas francas que pierde fuerza y un deterioro en las perspectivas fiscales.
A diferencia del escenario que recibió Rodrigo Chaves en 2022, el actual Gobierno no enfrenta una crisis inflacionaria, pero sí una economía que crece menos y una deuda que volvió a superar el 60% del Producto Interno Bruto (PIB).
“La Administración Chaves tuvo la ventaja de que heredó una reforma fiscal que permitió que la deuda siguiera bajando y que se mantuviera ese balance primario positivo. Hay que recordar que 2022 todavía era un año de rebote de la pandemia y eso generó, en alguna medida, tener una actividad económica creciendo mucho, tanto en las zonas francas como en la parte doméstica”, indicó Daniel Ortiz, economista de Cefsa.
El segundo trimestre del año ha estado marcado por una desaceleración de la economía nacional. El Informe de Política Monetaria del Banco Central de Costa Rica (BCCR) estima un crecimiento del 3,4% en el PIB durante 2026, inferior al 4,6% registrado en 2025.
Además, el Régimen de Zonas Francas muestra menores incrementos en su productividad que en el pasado. Según el Índice Mensual de Actividad Económica (IMAE), la tasa de crecimiento pasó del 17% al 2,9% en cuestión de un año.
Es decir, uno de los principales motores de la economía nacional, con tasas de crecimiento acostumbradas de dos dígitos, registró un crecimiento inferior al del resto del sector productivo.
“Muchas de las buenas noticias con las que celebramos los anteriores dos años comienzan a revertirse y maduran una serie de tendencias que ya se palpaban. La economía, que venía teniendo el mejor crecimiento económico promedio de las últimas administraciones, parece que se va a desacelerar con las zonas francas bajando mes tras mes, la tasa de crecimiento. Eso obviamente jala hacia abajo la economía, puesto que el mercado doméstico no tiene el impulso que se requiere para compensar la desaceleración de zonas francas”, explicó José Francisco Pacheco, economista y exdirectivo del BCCR.
Ambos expertos coinciden en que el tema que mayor preocupación ha generado al país es el deterioro de las finanzas públicas, en las que se observa una caída de ¢16 mil millones en los ingresos tributarios, mayores presiones de gasto por los intereses de la deuda y un crecimiento de ¢1 billón en el monto que el país debe pagar a futuro.
La deuda nacional alcanza los ¢32 billones, según el Ministerio de Hacienda.
“La preocupación mayor es el cambio tan brusco que dan las finanzas públicas, en particular porque es por el lado del ingreso, donde vemos una expectativa de crecimiento de los déficits y, por lo tanto, de la deuda para los siguientes años. Esto va a implicar hacer movimientos para recuperar esos ingresos, pero, en el muy corto plazo, la estrategia de control fiscal del Gobierno parece seguir la línea de los recortes”, agregó Pacheco.
Las implicaciones de una inflación negativa limitan el crecimiento de los salarios en el sector privado y las decisiones de consumo de las familias, lo que se traduce en un menor dinamismo económico.
Además, ambos expertos señalan que un nivel de deuda del 61,1% del PIB pone a Costa Rica en el nivel más restrictivo de la regla fiscal, donde se congelan los salarios en el sector público y se reduce el espacio para aumentar el gasto de capital en inversiones de infraestructura.
Incluso, con las reformas presentadas por el Ejecutivo en el “Plan Fiscal” la deuda llegaría a un 63% del PIB en el 2031, por encima del 60% que activa el cuarto escenario de la regla fiscal.
“Esto puede marcar no solo estos primeros días, sino los 4 años de gobierno. Va a ser una Administración que va a tener que convivir con el tramo más estricto de la regla fiscal y un entorno externo más incierto y volátil por el tema de aranceles y el conflicto en Medio Oriente que posiblemente se va a extender más meses”, subrayó Ortiz.



