Mientras los efectos financieros de la crisis sanitaria por el Covid-19 ahogan a los empresarios y afectan directamente a los trabajadores privados, a quienes se les reducen sus salarios o incluso se les suspenden sus contratos laborales, un sector de los empleados públicos continúa gozando de muchos pluses salariales mientras el Gobierno se olvidó de la ley de empleo público que prometió desde inicios de este año.
Aunque las autoridades de Salud piden a toda la población quedarse en casa ante la pandemia, DIARIO EXTRA evidenció en un recorrido este lunes como cientos de costarricenses debieron salir a la calle a “pulsearla” para poder llevar alimento a sus familias.
En ese escenario existe una gran desigualdad, enfatizó el diputado socialcristiano Pedro Muñoz. Ya que mientras un sector de los empleados públicos puede realizar teletrabajo o incluso gozan de días acumulados de vacaciones y disfrutan de salarios cargados de altos pluses, miles de costarricenses deben salir a la calle con el riesgo de contagiarse para llevar sustento a sus familias y pagar sus deudas siendo los más sacrificados en la actual crisis.
Esa desigualdad es palpable en cifras, incluso dentro de las mismas remuneraciones en el sector público con diferencias hasta del 600% en salarios, entre trabajadores que hacen lo mismo.
DESIGUALDAD
A raíz de la preocupación sobre el impacto que generan estas diferencias salariales en las finanzas públicas, el diputado Muñoz había solicitado a la Contraloría General de la República (CGR) en mayo del 2018 un estudio para remarcar las distintas remuneraciones que reciben los empleados públicos en el país.
El informe DFOE-PG-SGP-00001-2018 de la CRG comprendió análisis entre el 1° de enero de 2015 al 31 de diciembre de 2017, y se amplió en algunos casos a setiembre de 2018.
Se basó en información que entregaron 189 instituciones del Sector Público, tomando como referencia tres ejes temáticos: disparidad; simplicidad y sostenibilidad; y transparencia y rendición de cuenta.
En el caso de la disparidad la CGR encontró que a través del tiempo y bajo gran cantidad de instrumentos jurídicos se crearon 260 incentivos diferentes que se añaden al salario de estos funcionarios.
El estudio encontró que en promedio se pagan 6 incentivos salariales diferentes por institución en el Sector Público siendo el Ministerio de Educación Pública (MEP) donde se pagan más con 88, Hacienda 27, Presidencia 20, por citar algunos.
“En 24 instituciones los montos pagados en incentivos salariales son superiores a las remuneraciones básicas. Existiendo instituciones cuyos montos en incentivos salariales casi representan más de dos veces las remuneraciones básicas, por ejemplo, Junta de Protección Social, el Instituto Costarricense de Turismo y la Refinadora Costarricense de Petróleo S.A.”, indica el informe.
La Contraloría recuerda que estas desigualdades salariales dentro del sector público serían inconstitucionales, ya que los artículos 191 y 192 de nuestra Carta Magna indican que debe haber un salario igual para trabajo igual en idénticas condiciones de eficiencia.
“La diversidad de regulaciones que existen, resulta compleja la gestión de los esquemas remunerativos. Además, hace prácticamente imposible prevalecer el principio constitucional de que el salario será siempre igual para trabajo igual en idénticas condiciones de eficiencia. Este principio constituye todo un reto para el Estado Costarricense, pues aún bajo un mismo régimen salarial las diferencias son significativas, sobre todo si se considera que la voluntad del constituyente fue que todos los servidores del Estado estuvieran cobijados por un régimen de empleo público único”, agrega el informe.
El impacto de estas diferencias en las finanzas públicas no es nuevo, pero en el marco de la actual crisis se evidencia las diferencias salen más a flote.
Esto se ve reflejado en el presupuesto de la República que para este año destina en un 32,7% a las transferencias corrientes y de capital, que es la plata que el Gobierno le pasa a otras instituciones. Un 25,4% está conformado por las remuneraciones. Los que disparan el gasto son transferencias y remuneraciones y dentro de las transferencias están los destinos específicos y las jubilaciones.
RECLAMO AL GOBIERNO
El diputado Muñoz insiste que se deben aplicar reformas estructurales para controlar el gasto público, mismas que el actual Gobierno no ha querido implementar.
Un criterio similar tiene el independiente Erick Rodríguez quien recordó que gobiernos anteriores despilfarraron y nunca se preocuparon por un manejo eficiente del gasto público y que en el caso de la emergencia el presidente Alvarado no ha logrado atajar la situación desde el punto de vista social ni económico.
“Entonces claro que ante esta situación no queda más que darle plata a los que la necesitan, pero el Estado no tiene plata porque se agigantó, aumentó el empleo público, las instituciones y el gasto público”, apuntó.
Rodríguez lamentó que la única que propuesta de las autoridades sea poner más impuestos.
La liberacionista Yorleny León cree que antes de pensar en los “impuestos solidarios” que volverían a golpear al sector privado, el Gobierno evidencie con acciones, su verdadero compromiso con la disminución del gasto público, y de esta forma, liberar recursos que se puedan destinar a fortalecer al sector de micro, pequeñas y medianas empresas, principalmente.
“Otra posibilidad a la mano, es recurrir a la venta de activos públicos físicos o en especie, permitiendo con ello el ingreso de recursos que se puedan destinar a pagar o readecuar deuda”, agregó León.
VOCES LEGISLATIVAS
Pedro Muñoz
PUSC
“El ministro de Hacienda dijo que iba a mandar la ley de empleo público el 27 de febrero y nunca lo hizo. En un momento en que nos piden a todos socarnos la faja se mantienen un montón de pluses injustos y un desorden que revela el informe de la Contraloría. No es posible que un policía de Fuerza Pública gane ¢700.000 y un policía de seguridad de la UCR gane ¢2 millones, no se vale que eso se mantenga”
Yorleny León
PLN
“Desde la Asamblea Legislativa una y otra vez, fuimos claros en pedir al presidente Carlos Alvarado y su equipo, priorizar acciones concretas en materia de reactivación económica, empleo público y reducción de gasto. Ahora estas tareas pendientes nos pasarán la factura. Por esto, tampoco sería justo que el Ejecutivo se pueda escudar en esta emergencia global por Covid-19, para justificar, en su totalidad, la crisis a la cual nos vamos a enfrentar en las próximas semanas, meses e incluso años. Cada día que perdemos sin que el Ejecutivo haga su trabajo, nos resta competitividad y empleos”
Erick Rodríguez
Independiente
“A mí me desespera ver al ministro de Salud regañando a la gente que no salga, pero es muy fácil para uno que tiene casa, internet, carro, pero cuando usted sabe que el 49% de la gente trabaja en la informalidad, es que decir, que si no sale a trabajar no come, no se vale entonces hablarle igual a todos. Claro que para el ministro y la gente de la CCSS con sus grandes salarios es muy fácil decir quédese en casa, perdón, pero ¿y la pobreza no mata?”