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El informe AL-AUIN-INF-0008-2025 de la Auditoría Interna revela una crisis de control interno que no puede ser ignorada por los diputados ni la Administración del Congreso. Los hallazgos son alarmantes: durante 2025, la Auditoría Interna no ha logrado ejecutar un solo arqueo sorpresivo de la Caja Chica debido a la reiterada ausencia del personal responsable del Área de Gestión de Pago y Tesorería.
Esta situación trasciende una mera falta administrativa. Constituye una potencial obstrucción al control interno que compromete la transparencia en el manejo de los ¢30 millones del fondo de Caja Chica. Los intentos fallidos de arqueo —tres por parte de Auditoría Interna y dos por la propia Administración— evidencian un patrón sistemático que debilita la arquitectura de integridad pública.
Las consecuencias son graves: imposibilidad de verificar la existencia física de fondos, ausencia de validación de documentación de respaldo, y vulneración del principio de rendición de cuentas. Más preocupante aún, esta situación se repite desde 2023, con deficiencias identificadas en informes anteriores que permanecen sin corregir, incluyendo documentos sin firma digital válida que carecen de eficacia jurídica.
La Auditoría Interna señala que esta conducta podría configurar responsabilidades disciplinarias conforme a la Ley 8422 contra la Corrupción, específicamente por debilitar el control interno organizacional. El artículo 38 de dicha ley establece responsabilidad administrativa para funcionarios que, por acción u omisión, comprometan estos sistemas.
La implementación de un modelo de “cero efectivo” y atención virtual, sin protocolos actualizados ni comunicación adecuada, ha creado un vacío de control que facilita riesgos de malversación y uso indebido de recursos públicos. La ausencia de personal responsable durante horarios críticos refleja una débil cultura de cumplimiento institucional.
Los diputados no pueden ser espectadores pasivos ante esta crisis. Su responsabilidad trasciende la función legislativa; incluye garantizar que la institución que representan opere bajo los más altos estándares de transparencia y control. La confianza ciudadana en el Poder Legislativo está en juego.
La Administración debe implementar inmediatamente las recomendaciones: establecer protocolos que garanticen presencia permanente de personal autorizado, actualizar la normativa conforme a la Ley 8454 de documentos electrónicos, y evaluar responsabilidades por las obstrucciones detectadas.
Este no es un tema menor. La gestión adecuada de recursos públicos, por pequeños que parezcan, refleja la integridad institucional. Los diputados deben exigir corrección inmediata y seguimiento riguroso de estas deficiencias. El silencio o la inacción serían cómplices de un sistema que permite la erosión gradual de los controles democráticos.