Criminales se organizan y especializan en delitos informáticos

Los delitos informáticos han aumentado en los últimos años en el país, y la evidencia de que esta clase de criminalidad se encuentra en auge puede percibirse mediante las denuncias que cada vez se tornan más frecuentes. Desde 2018 y hasta 2022, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y la Fiscalía contabilizaron un incremento de hasta 10.249 denuncias.

Lo anterior enciende las alarmas ante el claro avance de las organizaciones delictivas, quienes también buscan nuevas formas de salirse con la suya con métodos cada vez menos costosos para sus miembros y con menor riesgo de ser capturados, así como el beneficio de obtener mayores ventajas económicas.

LOS MÁS FRECUENTES

Las autoridades identifican varias clases de delitos informáticos entre los que se encuentran fraudes, timos o estafas de ese tipo. Esta última es por mucho la principal, pues representa un 96% de las denuncias reportadas en los últimos cinco años en Costa Rica.

Las estafas bancarias destacan como otro de los ciberdelitos en aumento en el país, pero también se mueve con facilidad en el mundo criminal virtual el sabotaje informático, con un incremento de más del 100% y daños en casos informáticos. Sus primeros expedientes aparecieron en marzo del año en curso.

Las estafa informática o fraude informático se refiere a la manipulación de los datos, a través de la creación de perfiles falsos o información de sistemas informáticos ilegales, con el fin de obtener ganancias indebidas. Es decir, plataformas gemelas que engañan al usuario para poder acceder a su información personal y contar con ella para hechos delictivos.

La estafa bancaria, por otro lado, parte del mismo concepto, pero en esta oportunidad se trata del robo de los datos de los usuarios, como contraseñas e identidades, para obtener el acceso a los recursos bancarios y sustraerlos.

Por último, el sabotaje cibernético está entre los que más aumento registran en el país, tiene que ver con el acto de borrar, modificar o eliminar sin autorización funciones o datos de un sistema web o computadora, con la intención de obstaculizar el funcionamiento correcto del sistema.

CIBERDELINCUENCIA Y SUS DESAFÍOS

Expertos aseguran que el tema resulta complejo, pues la tecnología avanza con facilidad y rapidez, e incluso se trata de un delito atractivo para nuevos delincuentes, “es importante reconocer que cualquiera podría convertirse en un ciberdelincuente, especialmente porque no requieren necesariamente de grandes conocimientos sobre tecnología o cómo llevarse a cabo, además el crimen organizado utiliza la ciberdelincuencia, de forma directa o indirecta, para varios de sus propósitos”, aseguró José Adalid Medrano, abogado especialista en Derecho Informático.

Medrano además hace un llamado a la adopción de nuevas prácticas para los usuarios, pues resguardar la información personal es la primera medida de protección para evitar que se realicen estos delitos. “Hay que implementar nuevas prácticas de privacidad, reducir la información, los delincuentes se nutren de estos datos para sus propios fines”, advirtió.

El litigante aduce que hay poca gestión por parte de las entidades bancarias para proteger los recursos financieros de sus socios, “Los bancos, a pesar de estar conscientes de esta situación, hacen poco para proteger al usuario financiero. Esa falta de acción es preocupante, dado que la mayoría de los costarricenses no recibe educación sobre temas de seguridad”.

Asimismo, se debe entender que, ante un mundo que evoluciona, también lo hace el crimen organizado. La llegada y paso de la pandemia marcó un antes y un después para ejecutar estos delitos, pues muchos comercios y formas de pago se digitalizaron, lo que dejó un camino abierto para la cibercriminalidad.

“Tras la pandemia, las actividades comerciales a través de los recursos informáticos tuvieron un importante crecimiento. Pago sin contacto, sinpe o transferencias usando el celular, de esta forma se sustituyó gran parte del dinero en efectivo que antes circulaba. Este cambio por supuesto atrajo a los delincuentes, se aprovechan de la falta de prevención o información en muchas personas y es ahí donde las medidas de seguridad son tan necesarias”, enfatizó por su parte Rodrigo Campos, criminólogo y coordinador de Ciencias Criminológicas de la Universidad Nacional Estatal a Distancia (UNED).

Las autoridades del OIJ han logrado identificar el aumento de estos delitos, así como destacan el trabajo que para ellos representa atender las denuncias de esta clase y aducen requerir más recursos para actuar con mayor eficiencia.

“En efecto los delitos informáticos, bancarios o estafas se han mantenido constantes y en aumento depende de las modalidades, es una herramienta fácil de cubrir por parte de los estafadores, los timos más comunes son la creación de falsos perfiles como funcionarios públicos, bancarios, gubernamental y empleador, muchos de estos los encuentra en redes sociales. La policía judicial requiere más recursos tecnológicos para poder rastrear más a estos sujetos, necesitamos licencias de software que son sumamente caras y llegar a combatir el crimen informático en sus actualidades”, aseveró Yorkssan Carvajal, jefe de la Sección de Fraudes del OIJ.

¿QUÉ DICE LA LEY?

De acuerdo con la legislación costarricense, hay varias acciones que se encuentran en la clasificación de delitos informáticos, y así respectivamente sus sentencias, “Por ejemplo delitos que pueden cometerse en este sentido, uno de ellos la suplantación de identidad, espionaje informático, instalación de programas informáticos manipulados, suplantación de páginas. Estas tienen una pena de prisión de 1 a 3 años. No olvidemos que también están en esta modalidad narcotráfico y crimen organizado, todos estos son delitos que contempla el Código Penal con respecto a lo que serían delitos informáticos”, declaró Daniel Brenes, abogado penal.

Si ya la ley tiene contemplados estos hechos como delitos, las investigaciones son necesarias, como en cualquier otro acto criminal, para estudiar las causas y los responsables, lo que se vuelve un reto ante el incremento de dichas incidencias en el país y la carencia de recursos.

“Todo esto que pasa a nivel de estafas, por ejemplo, en temas bancarios, son situaciones que se dan bajo la modalidad de timo, ofrecen un producto a cambio de dinero que no se da. El Organismo de Investigación Judicial tiene una sección especializada en estos casos para la respectiva indagación, el usuario es quien debe cuidar muy bien su información, claves, datos delicados que son vitales para los criminales. Lo que pasa es que al final de una investigación el sistema judicial se excusa en que la información fue suministrada por el propio usuario, sí se genera la investigación, pero no hay una respuesta más allá”, lamentó Brenes.

Según datos suministrados por el OIJ, los perjuicios económicos por fraudes, timos y estafas en el país han generado pérdidas millonarias. Durante 2018 se registraron ¢7,3 millones; en 2019 ¢11,5 millones, mientras que en el 2021 se contabilizaron ¢27,3 millones por medio de las denuncias. Desde 2017 y hasta 2023 se han denunciado un total de 20.636 de estos delitos.