Un análisis realizado por la Universidad Nacional (UNA) reveló que la mitad de las personas asesinadas en Costa Rica en 2023 correspondió a hombres jóvenes menores de 35 años de edad.
Los expertos señalaron además que una razón de esa estadística puede ser el factor de exclusión social. En específico, el estudio indica que “está científicamente comprobado que entre peores son las condiciones de riesgo en la infancia y adolescencia, mayor es la probabilidad de que esa persona sea involucrada o reclutada por una organización criminal”.
Esta realidad nos deja dos temas importantes, a los que se debe prestar atención: la exclusión que sufren las clases más humildes, pues provoca que muchos jóvenes terminen en las garras del narcotráfico, y la necesidad de un Estado que no solo piense en represión, sino en prevención.
Sobre el primer punto, datos de la Defensoría de los Habitantes alertan, por ejemplo, que el 38% de los niños en nuestro país viven en contextos muy desfavorables. Ese porcentaje se incrementa en las zonas costeras y fronterizas.
Como si fuera poco, los menores en pobreza y pobreza extrema, que son cuatro de cada 10, resultan vulnerables a la deserción estudiantil, lo que provoca que queden por fuera del sistema educativo y se vuelvan presas fáciles de los grupos de crimen organizado.
Dicha deserción en el sistema educativo provoca que muchos jóvenes no rompan esquemas tan perversos impuestos por la sociedad como lo son el machismo, y como consecuencia tengan mayor predisposición a ejercer la violencia para resolver sus conflictos. Esa pincelada puede ser una de las respuestas del porqué la ola de violencia tan atroz que vivimos, no solo por los homicidios que se reportan en los diferentes puntos del país, sino de los lamentables femicidios.
Ahora bien, respecto al segundo punto, que debe de ocuparnos en lugar de preocuparnos: ¿Qué está haciendo a nivel preventivo el Estado? La visión de una política pública estrictamente represiva sin ir de la mano con una visión más global para que niños y jóvenes no deserten, puedan formarse e insertarse en el mercado laboral es más que necesario.
No se trata de un enfoque social de subsidios, sino de brindar herramientas a las personas para que se formen.
Las instituciones del Estado deben de actualizar esa visión patriarcal y la cultura del pobrecito, por jóvenes empoderados, con buenas bases educativas, y un replanteamiento hacia la educación técnica, las nuevas tecnologías y los idiomas.
Estamos a tiempo de encender la luz del apagón educativo, y sobre todo de repensar las políticas públicas enfocadas en la represión, para que también se ponga sobre la balanza qué podemos hacer en prevención.
Urgimos de jóvenes dedicados al deporte, a la cultura, a las ciencias, y no raptados por el crimen organizado, el narcotráfico, que hunde no solo en la miseria a las clases más vulnerables, sino en la tristeza y en la desesperación a decenas de padres de familia, que pierden día a día a sus hijos.