Fecha de publicación:
Fecha de modificación:
Las brechas que mantiene Costa Rica en materia de control, registro y trazabilidad de armas de fuego facilitan el accionar de las estructuras criminales y representan uno de los desafíos que enfrenta el país ante el avance del crimen organizado.
Así lo advirtieron especialistas durante un conversatorio realizado en la Asamblea Legislativa con la Fundación Arias para la Paz y el Progreso Humano, en el cual se analizaron el control de armas y su relación con las nuevas dinámicas de la criminalidad organizada.
Ana Yani Espinoza Quiroz, politóloga y directora académica de la Fundación Arias para la Paz y el Progreso Humano, señaló que el país mantiene pendientes en la aplicación de instrumentos internacionales relacionados con el control de armamento.
“En el ATT no tenemos registros de intermediarios, no tenemos registros de tránsito y trasbordos, o sea, cosas que son muy elementales”, manifestó Espinoza.
Según la especialista, Costa Rica ha dirigido buena parte de sus esfuerzos hacia la regulación de la comercialización interna, mientras persisten aspectos pendientes relacionados con compromisos internacionales.
Espinoza también cuestionó que algunas herramientas jurídicas internacionales relacionadas con las armas no sean suficientemente conocidas por quienes intervienen en la persecución de estos delitos.
“Muchas veces esta información ni siquiera se conoce en los juzgados, ni los jueces, ni los fiscales”, afirmó.
La politóloga puso como ejemplo el tratamiento que se ha dado a las armas hechizas dentro de algunos procesos judiciales. De acuerdo con su exposición, estas piezas incluso habrían llegado a no ser consideradas evidencia en determinadas circunstancias.
“No incluir una de estas piezas como parte de la evidencia, pues obviamente alienta temas de impunidad”, sostuvo.
La directora académica agregó que existe una desconexión entre algunas autoridades judiciales y las herramientas científicas disponibles para apoyar la investigación y persecución de la criminalidad.
Espinoza sostuvo que uno de los errores al abordar el fenómeno consiste en analizar por separado mercados ilícitos que, en la práctica, se encuentran relacionados entre sí.
“El tema de armas no lo vinculamos con el tema de drogas, con el tema de lavado de dinero, pero sin embargo son actividades que vienen juntas, se articulan”, explicó.
Durante el conversatorio también se expuso la necesidad de reforzar los controles relacionados con importación, exportación, tránsito, transbordo, corretaje, marcación y rastreo de armas para reducir las posibilidades de que el armamento termine en estructuras delictivas.
Por su parte, Tania Molina, criminóloga y consultora en seguridad, afirmó que el problema trasciende el mercado ilegal de armas y se relaciona con debilidades institucionales que han favorecido la expansión de organizaciones criminales transnacionales.
“Las brechas institucionales que tenemos en el país son facilitadoras, que de alguna forma también son factores criminógenos que están contribuyendo para que el crimen organizado transnacional se haya instalado en Costa Rica”, declaró Molina.
La experta indicó que Costa Rica enfrenta actualmente un fenómeno de “convergencia criminal”, en el que el narcotráfico constituye solamente uno de los mercados ilegales que operan dentro de estructuras más amplias.
Molina además señaló que la problemática no surgió recientemente, sino que responde a un proceso que se ha desarrollado durante años y que actualmente resulta mucho más visible.
“El fenómeno criminal desbordado como está hoy en el país, pues no explotó en estos últimos cuatro años. Sería muy mezquino decir que fue así”, expresó.
Otro de los puntos abordados fue el reclutamiento de menores de edad por parte de organizaciones criminales y el acceso de estos grupos a armamento de alto poder.
Molina mencionó como ejemplo reciente el caso de un adolescente de 15 años que disparó contra agentes durante un operativo utilizando un AR-15.
“Ellos nos ponen las armas, nosotros ponemos a los jovencitos, ponemos la sangre, ponemos los muertos”, afirmó la criminóloga.
Para Molina, uno de los riesgos adicionales es que la población termine acostumbrándose a estos episodios de violencia y los asuma como parte de la cotidianidad.
“No nos acostumbremos porque también el crimen organizado lo que quiere es que se normalice el fenómeno”, advirtió.
Las especialistas plantearon que enfrentar este escenario requiere fortalecer los mecanismos de control, mejorar la aplicación de los instrumentos internacionales y atender las brechas institucionales que pueden ser aprovechadas por las estructuras criminales.
