Crimen organizado recluta a exfuncionarios judiciales

Alertan fiscales de delincuencia organizada y narcotráfico

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El Ministerio Público advirtió que el crimen organizado en Costa Rica no solo ha mutado en sus formas de operar, sino que ha llegado a reclutar a exfuncionarios judiciales y personas con conocimientos especializados en investigaciones y procesos judiciales, con el fin de blindar sus estructuras y evadir la acción de la justicia.

La alerta fue expuesta por las fiscales Sharon Rodríguez, coordinadora de la Fiscalía Adjunta contra la Delincuencia Organizada, y Betsy Paniagua, de la Fiscalía Adjunta de Narcotráfico, quienes explicaron que las organizaciones criminales han evolucionado y diversificado sus delitos, desde tráfico de drogas y sicariato hasta fraudes notariales, tráfico de migrantes y legitimación de capitales.

“Las redes criminales no solo cambian de modalidad; lamentablemente, han reclutado a funcionarios o exfuncionarios con conocimiento de técnicas de investigación, lo que debilita el trabajo institucional y exige reforzar la cooperación y la capacitación”, señaló Paniagua.

Cabe recordar que el caso Madre Patria es uno de los procesos más emblemáticos que lleva la Fiscalía Adjunta contra la Delincuencia Organizada, explicó Rodríguez. Esta investigación reveló cómo una red criminal compuesta por notarios, abogados y un juez quienes despojaron ilegalmente de sus bienes a propietarios, muchos de ellos extranjeros y adultos mayores, mediante escrituras y documentos notariales falsificados.

Según Rodríguez, este caso demuestra cómo el crimen organizado ha diversificado sus delitos, más allá del narcotráfico o el sicariato, para incluir esquemas de corrupción y fraudes patrimoniales de alto impacto económico.

Cooperación y prevención 

Las autoridades subrayaron que el combate al crimen organizado no se limita a las acciones represivas. Estrategias como el Plan Escudo han combinado operativos policiales con charlas educativas en escuelas y comunidades afectadas, además de capacitaciones a fiscales en temas como criptomonedas y legitimación de capitales, con apoyo de la Embajada de Estados Unidos.