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Este martes el Congreso aprobó en segundo debate, con el voto de 50 diputados a favor y 2 en contra, el proyecto 20.861, que impone una fijación límite a tasas de interés para todo tipo de créditos y también a tarjetas de crédito.
La iniciativa terminó así su trámite legislativo, luego que fue enviada a consulta facultativa a la Sala IV, donde los magistrados no encontraron vicios de inconstitucionalidad.
Hay que recordar que el Código Penal ya tipifica la usura como un delito, pero había un vacío en la ley que impedía a los jueces tener un parámetro para su sanción.
Cabe destacar que la Sala Constitucional en su sentencia sobre el proyecto resaltó que “no existe un parámetro técnico a partir de cuál un determinado cobro de interés o intereses deja de ser ganancia económica legítima y se convierte en una forma de explotación que atenta contra la buena fe de los negocios y la dignidad humana\”.
La nueva ley establece que para todo tipo de créditos el límite de tasa de interés no podrá superar el 39% (ver recuadro).
En el caso de los microcréditos (aquellos por debajo de los ¢675.000) el límite será del 55%.
Las tasas máximas señaladas serán calculadas y establecidas por el Banco Central de Costa Rica, esta institución deberá publicarlas en la primera semana de los meses de enero y julio de cada año en La Gaceta y en su página web.
Estas tasas se aplicarán para todo contrato, negocio o transacción efectuada en el semestre siguiente al de su publicación.
Además, establece una sanción de 6 meses a 2 años de cárcel por el delito de usura que ya está tipificado en el Código Penal.
EN CONTRA
El proyecto fue votado en contra por los diputados independientes Ivonne Acuña y Erick Rodríguez.
Acuña indicó que se invisibilizó las recomendaciones que hicieron entidades como el Banco Central, del Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif) y la Sugef, que señalaron que no era conveniente la aprobación de este proyecto de ley bajo la realidad financiera y social que vive el país.
Insistió que la pandemia cambió la situación económica del país y la tasa establecida en el proyecto crea exclusión financiera, es decir, que más de 200.000 personas serían excluidas de ese tope ante la nueva realidad financiera nacional, y que no se revisó antes.
“No es de recibo que se vote a golpe de tambor por la conveniencia política y no contribuya al sobreendeudamiento de los costarricenses”, aseguró.
También la socialcristiana María Inés Solís habló contra el proyecto, aunque lo votó a favor. “Es una medida populista y no más que una curita para los problemas financieros en enfrenta la población”, aseguró.
Asimismo, su compañero Pedro Muñoz dijo que lo iba a votar a favor “a pesar de que no sirve de nada”.
Agregó que, gracias a la irresponsabilidad fiscal de los últimos gobiernos, es que las tasas interés no bajan.
Por último, el diputado Rodríguez señaló que el proyecto solo creará exclusión financiera, informalidad, aumento en la criminalidad por la regulación de precios.
ALIVIO AL BOLSILLO
Los diputados que impulsaron el proyecto, como el oficialista Welmer Ramos, enfatizó que este proyecto es quizás el que tenga más impacto positivo en las finanzas de las familias.
Agregó que según cálculos que ha realizado hay más de ¢4 billones prestados a tasas que superan el 62%.
Su compañero de bancada Luis Ramón Carranza señaló a la banca privada como uno de los principales culpables por haber cobrado durante años tasas abusivas a la gente e incluso los llamó a pedir perdón.