Minutos después de las 6 p.m. de este lunes concluyó una reunión virtual entre los jefes de fracción del Congreso y la Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), donde se discutió la realidad financiera de la institución y las posibilidades de inyectar recursos frescos.
Los legisladores consultados como Walter Muñoz del PIN, Pedro Muñoz del PUSC y Jonathan Prendas del bloque Nueva República reconocieron a DIARIO EXTRA que una posibilidad sería tomar un porcentaje de un préstamo que se discute con el Plenario por $380 millones con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD).
Ya el socialcristiano Rodolfo Peña presentó una moción para otorgar $100 millones a la Caja y que con ellos se compren bonos del Estado.
Sin embargo, estos parlamentarios coincidieron en señalar que la Junta Directiva encabezada por el presidente Román Macaya no fue capaz de presentar un plan integral que establezca una ruta para solucionar los problemas de la entidad.
Aducen que en lo que se insiste es en aplicar parches, en este caso, por medio de la entrega de recursos para equilibrar las finanzas de la CCSS afectadas por el impacto de la pandemia Covid-19.
Por ejemplo, no pudieron dar una proyección financiera más allá de la crisis por el coronavirus y cuando se habla de otros proyectos no se dan porcentajes financieros de cuánto se requiere a corto o largo plazo.
“No hay una propuesta integral, solo proponen medidas cortoplacistas como pedir más dinero, no importa de dónde, y no se habla de una modernización de la institución”, indicó Walter Muñoz.
“Fue una reunión de una propuesta aislada, lo que buscan es que nosotros demos ideas y lo que quieren es más plata, cuando han venido reformando reglamentos para compras de equipos a terceros, abrir la Caja para investigaciones farmacológicas son muestras que estaban aplicando una privatización por desplazamiento hace mucho tiempo. Pero en el caso del régimen de salud lo que pretenden es conseguir dinero de la deuda del Estado para continuar con las inversiones”, agregó el legislador del PIN.
Un criterio similar tiene el jefe de fracción del PUSC, Pedro Muñoz, para quien además se evidencia que la Junta Directiva y el Poder Ejecutivo parece que no se hablan.
El socialcristiano ve factible entregar recursos del BID, pero cree que la reforma integral debe salir de la CCSS y del Poder Ejecutivo, no de la Asamblea Legislativa.
Mientras que Prendas reconoció que la crisis evidencia que deben tener más cuidado con instituciones emblemáticas, pero de igual forma esperan respuestas más concretas.
RESOLVER PROBLEMAS A CORTO PLAZO
El directivo de la Caja Mario Devandas comentó que, si bien concuerdan en que hay que discutir los problemas estructurales de financiamiento, ellos ven con preocupación la situación al corto plazo.
Adujo que ya Casa Presidencial les informó que había constituido los miembros de la comisión que verán el tema, como lo anunció el mandatario Alvarado, aunque no se mencionó los nombres, pero esas conversaciones se iniciarán la semana entrante.
Reconoció que quedaron enviar a los congresistas proyecciones “más precisas”, aunque según Devandas estiman requerir recursos por cerca de los ¢900.000 millones.
El frenteamplista José María Villalta cree que esta afectación es muy grave y que si los recursos no se reponen podría frenar obras como la construcción al nuevo hospital de Cartago.
Expresó que y si bien el Gobierno ha ofrecido aportar ¢33.000 millones, eso es insuficiente.
Pedro Muñoz
PUSC
“Lo que nos quedamos esperando fue un planteamiento integral, queremos ver qué ofrece la Caja en materia de organización y que ese planteamiento venga acompañado por el Poder Ejecutivo. Ya lo hemos dicho, falta una visión integral con un plan de ajuste parejo y justo” .
Jonathan Prendas
Independiente
“Tenemos que revisar las nuevas metas de la CCSS, reforzar el manejo de sus cuentas por pagar, les tocará buscar eficiencias en cuanto a las compras, gastos corrientes y algunos rubros donde existan posibles mejoras. Además, ubicar fuentes de repago del Gobierno Central y las instituciones que mantengan deudas con la Caja para implementar procesos de pago que no impliquen emisión de nueva deuda y menos descapitalización de otras instituciones”.