Marcela Ortiz Bonilla
Integrante de la Junta Directiva del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica
Los ataques perpetrados contra autoridades encargadas del orden y la represión del delito nunca podrán ser normalizadas por la sociedad costarricense, cuando se permita que situaciones tan lamentables como la ocurrida recientemente con el homicidio atroz del funcionario del Organismo de Investigación Judicial sean comunes, y no se gesten consecuencias inmediatas, estaremos ante la materialización del riesgo del debilitamiento institucional, del que tanto se ha conversado.
Con este evento, sin duda Costa Rica estaría posicionándose en el nivel más alto de amenaza a un Poder de la República, en el caso que nos ocupa, al Poder Judicial.
Actualmente a las organizaciones criminales no les basta socavar y debilitar la institucionalidad, insertándose directamente en ella por medio de la corrupción, sino que materializan sus amenazas a la integridad de las personas funcionarias. En el caso particular el perjuicio lo realizaron a una de las más valiosas y honorables instituciones que como nación se tiene, al Organismo de Investigación Judicial. El OIJ constituye orgullo nacional, con una trayectoria de 50 años, es una de las más sobresalientes policías científicas de Latinoamérica, las personas profesionales que ahí trabajan realizan sus labores con mística, integridad y valentía, y eso se refleja en la medida de aceptación que desde la ciudadanía se mantiene; al calificar al OIJ con la mejor nota en el Índice de Transparencia en el Sector Público (ITSP).
El lamentable homicidio del jefe del OIJ es parte de los momentos convulsos que vive el país desde el punto de vista de seguridad, donde los crímenes siguen al alza, afectando directamente la tradición pacífica y mostrando evidencia directa del nivel de violencia.
Durante los años 2023 y 2024, Costa Rica obtuvo un hito respecto a la grave situación del fenómeno criminal que la aqueja, manifestada sin más, a través de la cantidad de asesinatos, llegando incluso en el 2023 a 17,2 homicidios dolosos por cada 100.000 habitantes, con una leve baja en 2024 que representa 880 personas fallecidas por ese motivo, es decir 16,6 homicidios por cada 100.000 habitantes. Y al parecer la situación no mejora, siendo que ya para enero de este 2025, según datos oficiales, el país continúa sumando violencia, al 31 del mes se cuenta con 73 homicidios perpetrados, de los cuales 9 corresponden a mujeres asesinadas, y un 50% de los casos se investiga por ajuste de cuentas.
Es necesario, que de una vez por todas el país se articule a través de todos los sectores, y encuentre soluciones, a corto, mediano y largo plazo.
Si bien es cierto el hecho reciente debe reprimirse a la brevedad y fortalecerse la institucionalidad encargada tanto de prevenir como de reprimir el delito, es preciso involucrar a los gobiernos locales en las soluciones reales, creando oportunidades cantonales enfatizadas en la prevención y la educación, gestionando programas y proyectos para que las personas menores de edad, cuente con oportunidades reales y sostenibles, que les permita a corto plazo obtener fuentes de empleo, desligándose de las amenazas que desde las organizaciones criminales puedan tener. Es urgente que se propague cultura de seguridad y legalidad, desde casa, hasta los centros de estudio y trabajo, creando agentes multiplicadores que lleven el mensaje a la comunidad, y que desde esos puntos se gesten y compartan buenas prácticas, permitiendo a las personas jóvenes y adultas contar con las herramientas de conocimiento básicas para gestionar las amenazas del crimen organizado, como centrarse en la investigación de las grandes economías ilícitas dentro y fuera del país, estructuras que sin duda deben contar con un tratamiento especial por parte de la autoridad policial y judicial, tramitando investigaciones contra las personas, pero también contra sus finanzas y sus bienes, siendo esta la manera más efectiva para debilitar y desarticular a nivel policial y judicial a las organizaciones criminales.
