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La creación de la Unidad Presidencial de Análisis de Datos (UPAD) por medio del Decreto Ejecutivo Nº41996-MP-MIDEPLAN es inconstitucional.
Así lo advirtió el Colegio de Abogados, organización que compareció en la Comisión Especial Legislativa que investiga la UPAD.
El ente colegiado argumentó que la creación de la polémica unidad de datos violentó el acceso a información de datos sensibles de la población costarricense.
El gobierno publicó el decreto que dio origen a la agencia de datos el 17 de febrero, pero cuando el caso estalló ante la opinión pública el 21 de febrero, se derogó la iniciativa.
A pesar de ello surgió una serie de cuestionamientos en relación con ese caso, lo cual llevó a la Fiscalía General de la República a allanar Casa Presidencial el 28 de febrero.
Adalid Medrano, abogado especialista en manejo de datos del Colegio de Abogados, dijo que cualquier tipo de información que esté en manos de un actor político, incluyendo el gobierno, podría atentar contra un sistema democrático.
El especialista expuso que para que la UPAD hubiera tomado fuerza de la forma más legal y transparente posible debió aprobarse una ley y no tratarlo por medio de un decreto, tal y como ocurrió con la actual administración.
Medrano argumentó que el manejo de datos es clave con el fin de impulsar una toma de decisiones, así como también de formular políticas públicas, no obstante, alertó que éstas se deben efectuar bajo características de regulación.
El abogado hizo énfasis en que los datos abiertos no son igual a datos personales, lo que haría necesaria su regulación.
Al respecto añadió que el ciudadano se vio amenazado ante una serie de tratamientos arbitrarios y que podrían ser perjudiciales para ellos.
Álvaro Sánchez, presidente del Colegio de Abogados, argumentó que la organización colegiada armó un informe técnico en relación con el polémico decreto de la UPAD.
Añadió que la elaboración de la información efectuada por el informe de la Defensoría de los Habitantes no se incluyó en el expediente del órgano defensor.
La Comisión de la UPAD se reactivó desde el pasado 15 de junio con la reveladora audiencia de Catalina Crespo, defensora de los Habitantes.