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Este jueves, el Programa Estado de la Nación (PEN) presentó los resultados del informe 2024, donde resaltaron un estancamiento en la inversión social, principalmente en las áreas de salud y educación.
“Estos recortes se enmarcan en las políticas de austeridad fiscal implementadas en la administración Chaves-Robles, lo cual genera volatilidad en el presupuesto destinado a mejorar la calidad de vida de la población”, señaló el PEN.
De acuerdo con el análisis, a pesar de que este tipo de inversión ha experimentado reducciones desde el 2018, la tendencia desde el 2022 es que los recortes han sido mayores en los sectores financiados con el presupuesto nacional, a través del Ministerio de Hacienda.
“En perspectiva a largo plazo, el impacto de estos recortes en las poblaciones vulnerables es preocupante”, externó la investigadora Natalia Morales.
Además, menciona que ante la disminución de estos recursos, el enfoque de la política social se ha tornado más asistencia lista, dejando de lado los programas que generan capacidades en las personas para prevenir la pobreza.
En números reales, la inversión en educación por persona disminuyó un 1,6% en 2023, afectando a todos los niveles educativos, pero principalmente a preescolar, primaria y universitaria.
Así mismo, los insumos para que la gente pueda acceder, estudiar también se redujeron, por ejemplo, el programa avancemos redujo su presupuesto en un 40%, ocasionando que el número de personas beneficiadas cayó drásticamente, pasando de 417 mil en el 2021 a 290 mil en el 2023.
“En términos reales, el manejo político del gasto público ha sacrificado los recursos para financiar la educación, que en el 2023 tuvo una inversión por habitante menor a la del 2010 (82.325 colones, versus 83.085 colones, respectivamente)” explicó Morales.
En salubridad, los recursos financieros destinados a las áreas de salud del país profundiza las desigualdades territoriales en Costa Rica.
Ya que en 2023, el presupuesto por paciente para las 105 áreas de salud del país osciló entre los ₡48.696 en Pérez Zeledón y mientras que en San Rafael de Puntarenas era de ₡430.974, una diferencia de 8,8 veces.
“Esto genera desafíos en la eficiencia y limitaciones en el acceso a los servicios de salud, especialmente en las zonas rurales”, dice el análisis.
Así mismo, esta asignación de recursos por área de salud no parece estar asociada al perfil epidemiológico de la población, ni a las necesidades sanitarias de los territorios, pues entre áreas que brindan un mismo nivel de atención y entre las mismas provincias existen asimetrías en la distribución de los recursos.
El informe reiteró una baja inversión social por parte de la administración Chaves Robles.