Costa Rica no está lista para regular la IA en elecciones presidenciales

El proyecto de ley que pretende regular el uso de la inteligencia artificial (IA) en los procesos electorales enfrenta cuestionamientos técnicos y operativos que ponen en duda su aplicación en el corto plazo. 

Durante la discusión del expediente 24.875 en la Comisión Especial de Reforma al Sistema Político y Electoral del Estado, representantes del sector tecnológico y del Poder Ejecutivo advirtieron que el país no cuenta con las capacidades necesarias para ejecutar la normativa como está planteada.

“Hoy en día no hay forma confiable y universal de decir, ‘Esto fue generado con inteligencia artificial de manera clara y contundente’”, afirmó el presidente de la Cámara de Tecnologías de Información y la Comunicación (Camtic), Adolfo Cruz, al exponer el criterio negativo del sector empresarial.

Según explicó, aunque existen herramientas para detectar contenido producido con IA, estas operan bajo modelos probables y no 100% seguros. 

La ministra de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones (Micitt), Paula Bogantes, coincidió en que el texto presenta debilidades sustantivas. 

“No hay claridad con qué se refiere o en la definición de qué estamos hablando cuando se refiere a inteligencia artificial”, indicó ante los legisladores.

Limitaciones técnicas

Bogantes asegura que el país no dispone de la infraestructura necesaria para fiscalizar el cumplimiento de la ley, según dice el proyecto plantea una “inviabilidad operativa”, debido a que requiere capacidades técnicas que aún no se han desarrollado.

 “Estamos hablando que entre otras cosas requiere de laboratorios de análisis forense digital y esa capacidad técnica el país no la tiene”, sostuvo. 

A su criterio, sin esa base técnica resulta difícil que el Tribunal Supremo de Elecciones pueda asumir la regulación y supervisión efectiva del uso de IA en campañas.

La jerarca también alertó sobre el riesgo de que la ley nazca desactualizada, pues recuerda que hace apenas dos años herramientas como ChatGPT representaban una novedad tecnológica y que hoy la discusión se centra en servicios en la nube y agentes virtuales. 

Esa evolución acelerada, dijo, genera una “obsolescencia garantizada” si el marco normativo no incorpora mecanismos de adaptación constante.

Regulación necesaria 

Pese a los cuestionamientos, los diputados defendieron la necesidad de establecer reglas claras frente al uso de tecnologías emergentes en campañas electorales. 

El legislador socialcristiano Carlos Felipe García afirmó que el país debe avanzar en una regulación por la relevancia de la información que consume la ciudadanía. 

“Este país, independientemente, tiene que dar una regulación a un tema porque estamos hablando de la información que recibe la ciudadanía en tiempos de tanta información falsa, la claridad es poder”, manifestó.

En la misma línea, el diputado Antonio Ortega advirtió que se trata de un fenómeno cambiante: “estamos frente a un delito que se actualiza constantemente como se actualiza la misma tecnología”.

El expediente 24.875 propone regular el uso de IA en los procesos electorales costarricenses. 

Este establece que todo contenido generado mediante estas herramientas debe estar debidamente identificado. Además, prohíbe su utilización para crear deepfakes, perfiles automatizados que simulen interacción humana, estrategias de microfocalización publicitaria o materiales que socaven la confianza en la integridad del proceso electoral.

La iniciativa contempla sanciones que van de los ¢4.622.000 hasta los ¢23.110.000 (de diez a cincuenta salarios base, según el daño causado).