Costa Rica merece una explicación sobre el oro

¿Cómo es que Costa Rica registra una exportación de 557 toneladas de oro en el último año si esa cantidad ni siquiera es atribuible al mayor productor del mundo?

La respuesta de las autoridades ha sido vergonzosa. No es que se trate de un tema muy técnico y los costarricenses no lo entendamos, simplemente no hay coherencia en las explicaciones. 

El asunto ha vuelto a cobrar importancia luego de que se detuviera a una banda que aparentemente está involucrada en negocios de legitimación de capitales asociados al oro. Sin embargo, no se trata de un tema nuevo.

Desde 2015 se escuchaban rumores de que algo estaba sucediendo con el oro; sin embargo, pasaron cinco años para que el Ministerio de Ambiente y Energía (Minae) nos dijera que los lingotes salían como si nada por las fajas del Aeropuerto Internacional Juan Santamaría. 

Entonces las preguntas se tornan obligatorias: ¿por qué no se hizo nada antes?, ¿dónde estaba la Dirección General de Aduanas?, ¿la Fiscalía?, ¿la Promotora de Comercio Exterior?, ¿y el propio Minae, en la representación de la Dirección de Geología y Minas?

Ahora todos se tiran la bola entre sí y nadie sabe nada, pero ante tantas contradicciones resulta evidente que podría haber más de un funcionario público implicado en este caso. 

Hasta ahora solo se sabe que había un alto funcionario de Tributación investigado por dicha causa. Al parecer, este daba asesoría a una banda dedicada a la exportación de oro extraído de manera ilegal en Crucitas y Corcovado hacia Estados Unidos, pero ¿será el único?

¿Cómo nunca se sospechó que algo ocurría? ¿Cómo es que, por cinco años, se registró el dato de exportaciones en cantidades inexplicables y nadie se dio cuenta? Y en esto sí hay una responsabilidad de la Promotora de Comercio Exterior. 

Por todos es conocida la rigurosidad con que el Ministerio de Comercio Exterior maneja el tema de las exportaciones, con una precisión casi obsesiva, pero en este caso se brinda una respuesta vacía y casi evasiva de lo que pudo haber ocurrido.

Si la estadística estaba mal, cómo nadie pudo notarlo, y por qué no se hizo la corrección. La situación nos deja mal frente al mundo, debido a que estamos diciendo que no conocemos cuánto oro exportamos realmente, pero además eso podría prestarse para malentendidos en otros casos. 

Adicionalmente, resulta una barbaridad que el director general de Aduanas, Gerardo Bolaños, afirme que no ejercen ningún papel fiscalizador en las exportaciones, y que su labor solo se centra en las importaciones, justificándolo en que las ventas de oro al exterior no pagan impuestos. 

No, señor Bolaños, no es de recibo. Si su razonamiento fuera atinado no los habrían obligado este año a cumplir con su labor. Resulta ciertamente ilógico que kilos de oro puedan moverse por las agencias aduanales sin ningún control. 

La investigación de la Fiscalía Adjunta de Legitimación de Capitales y Capitales Emergentes, que culminó con un allanamiento y la detención de 27 personas, deja en claro que aquí había un negocio mucho más grande y que toda la información podría no haber trascendido a la opinión pública. 

Se sospecha que este grupo exportó oro a Estados Unidos por unos ¢2 mil millones entre 2018 y 2020. Entonces uno se pregunta si es este el resultado de todo el desorden que quedó en evidencia, por no llamarlo de otra manera. 

Costa Rica habría exportado 3.720 toneladas de oro desde 2011 hasta agosto de 2020. Sin embargo, según el Colegio de Geólogos de Costa Rica, el país es incapaz de enviar semejante cantidad al exterior y lo consideró irracional.

Así pues, surge otra hipótesis, la del diputado Dragos Dolanescu: que se esté rompiendo el bloqueo comercial de Venezuela y se le ayude a un régimen totalitario a lavar de sangre su oro.

Se trataría de oro que ingresa de manera ilegal para ser llevado hasta otros países. En otras palabras, el legislador manifestó que podríamos estar sirviendo de puente. 

Es un hecho que el país merece tener una explicación seria en torno a este asunto y, lejos de eso, las instituciones se protegen unas a otras pateando la bola. 

No se ve a los diputados tratando de impulsar una ley que venga a poner freno a esta situación, ni a ninguna autoridad de gobierno hablando de un plan articulado para acabar con el ilícito. 

Solo se está pidiendo una autodeclaración jurada de la procedencia del oro, y así las cosas urge preguntarse: ¿Será eso suficiente? ¿Y quién fiscaliza al fiscalizador?