Costa Rica figura entre los países con más presos

Costa Rica mantiene una de las tasas de encarcelamiento más altas de América Latina y el Caribe.

Ante esto, académicos de la Universidad Nacional (UNA) cuestionan la efectividad de una política meramente punitiva, abogando por abordar las causas estructurales de la violencia.

El país registra 343 personas por cada 100 mil habitantes en prisión. Esta cifra la ubica como la quinta en la región y tercera en Centroamérica.

Solo es superada por El Salvador (1.659 prisioneros por cada 100 mil habitantes), Cuba (794), Panamá (522) y Brasil (416).

A nivel global, el país se posiciona en el puesto 22 de 224 jurisdicciones.

La cifra de personas privadas de libertad ha crecido significativamente, pasando de 7.575 en el año 2000 a 19.728 a fines de 2023.

Por su parte, el Gobierno ha manifestado su interés en construir una cárcel con capacidad para 5.000 privados de libertad.

Ante esto, Marco Feoli, académico del Instituto de Estudios Latinoamericanos (Idela) de la Universidad Nacional (UNA) y miembro del subcomité de las Naciones Unidas para la Prevención de la Tortura, critica la política punitiva.

“Debemos reflexionar qué tanto sirve la cárcel y preguntarnos como sociedad si lo que nosotros queremos es tener a la gente encarcelada o que haya menos violencia. Porque si lo que queremos es menos violencia, entonces ya sabemos que la estrategia carcelaria no es la respuesta, porque el crimen organizado es mucho más poderoso y no va a dejar de funcionar solo por tener más personas encerradas”, destacó Feoli.

El académico destaca que el Estado no tiene recursos suficientes para administrar prisiones.

Feoli califica el proyecto de la megacárcel como una “ocurrencia” y que el Gobierno utiliza el tema como atractivo político, sabiendo que no estará lista en el corto plazo.

Señala que una nueva infraestructura de tal magnitud requeriría un aumento considerable de personal, incluyendo policías penitenciarios, expertos penales, médicos y personal administrativo.

Feoli destaca que menores de entre 13 y 16 años se encuentren insertos en estructuras criminales, refleja “lo mal que hemos hecho las cosas como sociedad”.

Por otro lado, Yolanda Pérez, coordinadora de la maestría en Administración de Justicia de la UNA, enfatiza la necesidad de reformular la Ley de Justicia Penal Juvenil (No. 7.567, de 1996).

“Esta ley surgió en un contexto donde el país vivía la situación de los ‘chapulines’, pero ahora es diferente porque es una legislación que se está aplicando a muchachos que son utilizados y reclutados por estas organizaciones. Y no digo que deba hacerse una reforma desde el punto de vista represivo, sino qué se le puede ofrecer a ellos para que no caigan en situaciones de riesgo”, afirmó Pérez.

Ambos académicos concuerdan en la urgencia de atender las causas estructurales de la violencia.

Estas causas incluyen la desigualdad, la situación de la educación pública, la falta de oportunidades para jóvenes, la desintegración familiar y el consumo de drogas.

Lamentan que la sociedad esté perdiendo tiempo valioso en soluciones ineficaces como el proyecto carcelario, en lugar de enfocarse en programas educativos y de apoyo vitales.

Además, destacan el estigma social que enfrentan las personas que han estado en prisión, lo que dificulta su reinserción efectiva.