Un millonario operativo de seguridad montó el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) para “exportar” 24 toneladas de cocaína que tenía guardadas en una de sus bodegas en San José hacia Miami, Estados Unidos.
Dicha diligencia policial hoy levanta roncha entre las autoridades nacionales porque parece que nadie conoce el procedimiento jurídico que sustenta tal medida, más que se contrató a una empresa privada para deshacerse de esa carga en el país del norte.
Es decir, la coca decomisada casi en tres años de trabajos policiales a los fuertes grupos del narco salió de manos ticas en un abrir y cerrar de ojos, haciendo uso de dineros confidenciales otorgados por el Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD) que tanto el OIJ como el propio fiscal general de la República solicitaron hace un par de semanas.
Fuentes cercanas a la investigación aseguraron a DIARIO EXTRA que el OIJ le pidió a la Fiscalía su parte, con el fin de pagar el viaje y lo que cobró una empresa privada de Estados Unidos por incinerar la droga, cuyo nombre no fue revelado por los encargados del procedimiento, que nunca antes ocurrió en el país y tiene desconcertados a algunos diputados, que exigen respuestas serias.
Al parecer el monto pagado por las autoridades costarricenses sería de $24 mil aproximadamente (¢12 millones), luego de que un juez de la República supervisara la quema de coca que se presume tiene una pureza de un 95%.
Lo que nadie se explica aún es cómo, cuándo y dónde se acordó “exportar” tanto polvo blanco a Estados Unidos, y menos se realizó una contratación vía Controlaría General de la República, pues se trata de fondos públicos, aun cuando son de carácter confidencial deben ser consultados.
Los fondos confidenciales son otorgados por el ICD al Ministerio Público y el OIJ. Se presume que este último se habría gastado parte del rubro, por lo que se vio obligado a solicitar una “ayuda” a la policía judicial.
Otra de las cuestiones surge en torno a la seguridad, pues nadie da respuesta al resguardo de 24 mil kilos de coca en edificios de gobierno, que son custodiados apenas por una decena de oficiales de seguridad privada, quienes al parecer no están capacitados para esa labor tan delicada.
Es más, la droga que les incautaron a los narcos en este tiempo estuvo apenas con seguridad mínima, explicó una fuente oficial que pidió el anonimato, poniendo en riesgo no solo al personal judicial sino también a los usuarios de los servicios.
OIJ ASEGURA QUE NO TIENE HORNOS
Gustavo Mata, subdirector del OIJ, manifestó a DIARIO EXTRA que este tipo de gestiones no es normal, pero se realizó este fin de semana durante un megaoperativo en horas de la madrugada.
“Lo normal es que la quememos aquí mismo, pero el incinerador que tenemos terminó su vida útil, solo marihuana se puede. Tener esa cantidad de droga era un riesgo, por eso la mandamos a esa nación.
Ahora intentamos comprar dos incineradores, mientras tanto la medida era quemarla en otro país en coordinación con la Agencia Antidrogas (DEA), que nos ayudó”, explicó.
La acción contó con 200 agentes que fuertemente armados custodiaron desde la capital hasta el Aeropuerto Daniel Oduber, en Liberia, dos contenedores que llevaban la peligrosa carga de coca, valorada en ¢360 mil millones el mercado negro.
Mata contestó algunas de las inquietudes que nos deja esa “exportación”.
t¿Qué problemas ve usted con almacenar grandes cantidades de droga?
– La capacidad de incinerar es nula en este momento por problemas de contaminación y la empresa amiga nos cerró las puertas por cuestiones de seguridad.
t¿Quién autoriza la operación?
– De aquí se hace la solicitud a la Corte, un juez participa y los encargados nuestros de bodega hacen el resguardo de la droga hasta Miami, donde levantan las actas respectivas. El cónsul de Costa Rica da fe que la droga se destruyó donde se dijo.
t¿Por qué a Estados Unidos?
– Es el país más seguro y la participación de la DEA nos da la tranquilidad de que no enfrentamos un contratiempo. Si hubiéramos tenido al oportunidad de hablar con otra agencia, igual lo trabajamos.
t¿Existe algún fundamento legal que faculte exportar droga?
– No lo vemos desde esa perspectiva, es una colaboración. Mantener esa droga ahí es un problema de seguridad nacional y se hacen todos los requerimientos no para exportar sino para prestar ayuda.
t¿Cómo hacen la cadena de custodia?
– Sale de San José, se hace la custodia debida con el juez que va viendo todo el cargamento en furgones, van los grupos tácticos, se hizo a una hora segura para nosotros. Las carreteras más disponibles, no poníamos en riesgo a la población y llegamos a Liberia, donde estaban unos agentes de la DEA y los nuestros, montan en el avión y jalan.
t¿De noche es más peligrosa una emboscada?
– Se hizo una valoración que hicieron los jefes tácticos y vieron que era menos riesgoso hacerlo de noche, todo funcionó, nadie detectó el convoy.
t¿Cuánta gente de seguridad participó en el megaoperativo?
– Unos 200 que vigilaban los dos tráileres y los carros tácticos los custodiaban. Teníamos dispositivos en carretera, donde se visualizaban cuando pasaban, todo el camino estaba mapeado.
t¿Cuántos agentes del OIJ saben que esa droga permanecía en la bodega?
– Muy pocos, le puedo decir que los dedos de una mano me quedan cortos.
t¿Cuánto representa esa droga en colones?
– Un kilo de coca pura colocada en Miami cuesta $30 mil (¢15 millones).
t¿Por qué dejaron acumular tanta droga?
– Con el incinerador nuestro quemábamos 400 kilos, mientras en la empresa que nos colaboraba eran 2 o 3 toneladas, ahora no tenemos dónde quemar. Empezamos a buscar y nadie quiere alegando que es un problema.
DIPUTADOS PIDEN CUENTAS
Pese a las respuestas del subdirector judicial, tanto el diputado José María Villalta como la legisladora Carmen Muñoz quieren explicaciones del gobierno, pues ven improcedente un envío tan grande de coca al norte, menos que se pagó a una empresa privada para la aparente destrucción.
Villalta agregó que el avión no tenía permiso para ingresar a suelo nacional.
“El avión no pidió autorización en la Asamblea Legislativa y estamos investigando al gobierno qué pasó porque no hay ninguna ley que regule la exportación de droga. Es una situación inédita que ingrese un avión del ejército estadounidense”, explicó.
Muñoz declaró a DIARIO EXTRA que cuestionó la presencia de la aeronave en suelo nacional.
“Don Francisco (Segura, director del OIJ) me dijo que fue su error, seguramente dio por entendido que el tema es así, entendieron que había un permiso, insiste en que todo está bien, que el convenio lo establece, pero me genera desconfianza”, detalló.
Consultados los diputados Luis Gerardo Villanueva y Luis Fishman, indicaron que la nave militar estaba autorizada, aunque no dieron a DIARIO EXTRA registro formal de esa información y en cuanto al envío del cargamento.
Villanueva aseguró que las naves deben estar artilladas para que no les den permiso de ingresar al espacio aéreo costarricense.
“No sabemos las circunstancias en las que vino al país, la Asamblea Legislativa no podía tramitar tantos permisos. Se habla de naves artilladas y de tropas”, acotó.
Fishman comentó que es un alboroto dada la confusión cuáles naves pueden ingresar y cuáles no.
“La Constitución es muy clara, el avión debe tener armas, si no está artillado no tiene que pedir permiso, se evidencia ignorancia. Se ha hecho una confusión entre funcionarios del OIJ y del Poder Ejecutivo, de acuerdo a las cadenas de custodia debía entregar la droga a la aeronave, tal como se hizo”, relató.