Fueron casi ocho horas de comparecencia del presidente Carlos Alvarado ante la Comisión de la UPAD y el resultado de esa interpelación fue poco satisfactorio.
Que Paola Vega y Carolina Delgado, diputadas del Partido Acción Ciudadana (PAC), le dijeran a Silvia Hernández, presidenta de esa comisión legislativa, qué hacer y cómo hacerlo, además de que fue una falta de respeto, como si ella no supiera cómo manejar la situación, se vio horrible.
Al actuar de esa manera ambas legisladoras solo demostraron que el mandatario no podía defenderse solo y necesitaba ayuda, además hicieron tiempo para que Alvarado pensara qué responder.
Llegar al plenario a dar respuestas esquivas sobre su responsabilidad en el tema de la firma del decreto presidencial que dio vida a la UPAD no es lo que el pueblo de Costa Rica esperaba de quien ostenta la investidura de presidente de la República, además de que lo deja muy mal parado.
Si hace unos años José María Figueres Olsen respondía: “Señor juez, no sé, no me acuerdo” en el juicio que se llevó a cabo en su contra por el caso ICE-Alcatel, el país vuelve a oír a otro presidente decir: “Firmé y no leí”, “No conozco de ese tema legal”, “No conozco de computación”, “Estaban bajo mi tutela, pero no sé qué hacían”, “No sé si tenían datos en la computadora, supongo que no”.
Expresiones de este tipo una vez más nos dejan un sinsabor porque todo lo saben, pero no quieren admitirlo.
En el caso UPAD, donde la prensa nacional dejó en evidencia que se puso información sensible de todos los costarricenses en manos público-privadas sin ninguna responsabilidad y violando nuestros derechos, el mandatario acepta que los muchachos -como él les llama- estaban en su despacho y lo asesoraban, pero él no sabía qué hacían, ni cómo lo hacían.
Alvarado aceptó el uso de esos datos sin ninguna supervisión, lo cual es sumamente grave. Además aún quedan en el aire muchas interrogantes, por ejemplo ¿con qué fin quería un préstamo del exterior para la UPAD? ¿Cuando Alvarado deje el poder, el presidente entrante podrá usar esa información? ¿Será que la dejarán ahí o se la llevarán, ya que la inversión ha sido público-privada? ¿Qué seguridad tenemos los costarricenses de que esos datos no los usará el PAC para programar próximas campañas políticas?
José María Villalta, Franggi Nicolás y Ana Lucía Delgado fueron muy contundentes en sus puntos y las respuestas que dio el presidente fueron las mismas, vacías y sin fundamentos.
Llegó un momento en que se notaba que se le acabaron los argumentos, ya que le había dado para arriba y para abajo al mismo discurso, a tal punto que se le agotó como para seguir manipulando a los congresistas.
Diputados más incisivos, como Dragos Dolanescu, utilizaron maniobras para cuestionar al mandatario. El independiente le pidió a Alvarado que le confirmara si su clave telefónica era “1, 2, 3, 4, 5, 6” y este le respondió: “Sí, esa es”.
La Fiscalía General de la República inmediatamente abrió un procedimiento para determinar cuál de las 55 personas que tuvieron acceso a la información dio a conocer ese dato.
Esa situación llamó la atención de varios congresistas y público en general, ya que ni la Fiscalía controla la seguridad de la información que tiene en su poder. ¿Será este otro papel de la fiscala general para seguir dejando casos sin concluir?