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Hace unas semanas fue publicada una modificación de un decreto MOPT-TUR 36223 artículo 4 a los y las transportistas de turismo en Costa Rica, principalmente con el objetivo de bajar la vida útil de los vehículos de 20 a 10 años para trabajar con turismo. Las consecuencias para el país son evidentemente negativas, ya que el bolsillo de los clientes será bruscamente afectado y un gran sector de la población trabajadora que no cuenta con la capacidad para poder maniobrar ante situaciones tan arbitrarias como estas, cuyas familias dependen de dicha actividad productiva, se verá por completo condenado a la ilegalidad por un lado y a toda imposibilidad de ascenso social y mejoramiento de su calidad de vida por otro. Propuestas que este gobierno parece haber dejado como simples promesas de campaña.
¿Por qué debe preocuparnos en general dicha modificación a este decreto ejecutivo? A continuación algunas de esas razones:
1-) La cantidad de vehículos que quedarían fuera del servicio de transporte de turismo según cálculos del ICT en el momento que la modificación salió publicada en La Gaceta sería del 30% de los vehículos autorizados actualmente, o sea más de 1.000.
2-) Tarifas: Se da un transitorio de tres años para cambiar las unidades que por situaciones de año de fabricación no podrían seguir trabajando y habría que aumentar las tarifas inmediata y considerablemente para tener la capacidad financiera de poder modernizar la flota en los tres años del transitorio, con la consecuencia de aumentar más la ya famosa frase de que Costa Rica es un destino sumamente caro.
3-) Empleo: Se pone en riesgo el trabajo directo e indirecto de las personas relacionadas a las más de 1.000 unidades que quedarían por fuera. Y se tiene que tomar en cuenta que muchos de estos empleos son de conductores y dueños de unidades que probablemente no tendrían más camino que el del transporte ilegal para poder seguir subsistiendo. Además sería una verdadera lástima tener que descartar tan valiosa mano de obra, ya que el conductor de turismo por obligación debe estar capacitándose constantemente en temas tan especializados como servicio al cliente, un segundo idioma, conducción efectiva, etc., y probablemente en otros sectores del transporte estos conductores estén sobrecapacitados y no lograrían colocarse en el mercado laboral.
3-) Tema financiero: Sin lugar a dudas se vendría un problema gigante con las entidades bancarias que financian la actividad porque los años de trabajo de las unidades se acorta en un 50%, dejando muy poco margen para poder hacer créditos a mediano y largo plazos, dado el alto costo del tipo de unidad requerida para el sector, llegando a sobrepasar los $300.000 un bus de lujo.
4-) Tema legal de ejemplo: Nos parece interesante que con la modificación al Decreto No.36223 artículo 4 se quiera disminuir la vida útil de las unidades, porque si fuera el caso más bien se debió haber modificado el Decreto No.29743-MOPT artículo 3, que habla específicamente de la vida máxima autorizada para las unidades utilizadas en servicios especiales, además de no presentarse ningún estudio técnico que demuestre la necesidad de variar la vida útil de los vehículos del sector turismo y hacerlo solo por una idea de alguien al que se le ocurrió o “le convenía”.
5-) Reciclaje de unidades: En el transporte de turismo el mantenimiento, kilometraje y características de las unidades es muy diferente a los demás sectores del transporte público. Las unidades dedicadas al turismo trabajan por temporadas y el kilometraje que recorren está muy por debajo de lo que recorren sus similares en ruta pública, además las unidades de turismo están completamente equipadas para darle al turista no solo el transporte de un punto a otro, sino una verdadera experiencia de viaje, esto las convierte en unidades muy apetecibles en el mercado de vehículos usados y así recuperar una pequeña parte para adquirir unidades nuevas. Al bajar la vida útil se corta ese mercado, dejando las unidades casi en valor cero a la hora de poder vender y ocasionado una saturación de vehículos usados de este tipo en el mercado nacional, que definitivamente no beneficia a nadie.
6-) Falsificación de documentos: En este momento hay una gran cantidad de unidades trabajando en el país con el número VIN o número chasis alterado, esto con el único fin de alterar en los papeles el año de fabricación de estas unidades y con esta medida de modificar el Decreto No.36223 se vendrían mucho más alteraciones de este tipo, inundando el país con más vehículos al margen de la ley.
7-) Competencia desleal: Estamos en el entendido que la regulación por parte de las autoridades tiene que existir, pero la regulación tiene que venir acompañada del control en carretera por parte de las autoridades correspondientes y eso es algo que en la realidad del día a día no se da. La ruta pública tiene el derecho a sacar el 15% de la flota los sábados, domingos y días feriados para hacer servicios especiales. Los transportistas de estudiantes y trabajadores también pueden hacer servicios especiales los días que su actividad principal nos les interfiera. Pero turismo solo puede hacer turismo y con una regulación muy diferente a los demás sectores, que por ejemplo incluye una hoja de servicio que tiene que portar el vehículo día a día y que si no se presenta completamente llena es causante de una boleta por prestar servicio ilegal y con el respectivo retiro de las placas, esto a pesar de reunir todos los demás requisitos de ley, como es portar un permiso estable de turismo otorgado por el CTP y avalado por el ICT, con todos los demás requisitos que ellos piden para formalizar la entrega de los mismos.
Creemos firmemente en que todos juntos podemos construir un país mejor, de progreso y bienestar para el mayor número, sin embargo es importante que este tipo de decisiones sean tomadas con las bases y junto con ellas, con quienes tienen realmente conocimiento y experiencia en el sector y el tema, no solamente como una ocurrencia que en una oficina y aislado de toda realidad se decide y se adopta como ley.