Costa Rica contabiliza 50 víctimas colaterales en lo que va del 2026
La cifra es elevada y levanta la preocupación ciudadana en los espacios públicos
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Con corte al 14 de octubre de 2026, las estadísticas del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) contabilizan 50 víctimas colaterales en Costa Rica.
Esta cifra representa una disminución respecto al mismo periodo del año 2025, cuando se registraron 76 fallecidos por esta misma causa. A pesar de esta reducción, la cifra es elevada y levanta la preocupación ciudadana en los espacios públicos.
El caso más reciente ocurrió en Barbilla de Batán de Limón, donde un adulto mayor de 86 años se encontraba dentro de su casa preparándose un remedio casero, cuando una balacera ocurrió en las afueras de su vivienda.
Uno de los proyectiles traspasó la estructura e impactó a la víctima, la cual fue trasladada en condición crítica a un centro médico, sitio donde falleció tras más de un mes de luchar por su vida.
Según Eyling Jáenz, psicóloga y criminóloga, el aumento de los homicidios dobles responde a ataques dirigidos contra objetivos específicos, disputas entre estructuras delictivas y el uso de armas de fuego en espacios donde se encuentran personas ajenas al conflicto.
“En Costa Rica, los homicidios dobles han mostrado un incremento, situación que puede relacionarse con ataques dirigidos contra objetivos específicos, disputas entre estructuras criminales y el uso de armas de fuego en espacios donde también se encuentran personas ajenas al conflicto. Sin embargo, cada hecho debe analizarse de forma individual para poder determinar sus circunstancias y motivaciones”, afirmó Jáenz.
De acuerdo con Jáenz, entre estas consecuencias de la violencia homicida que se registra en el país y la constante exposición a estos hechos delictivos, destacan el aumento en la percepción de inseguridad, estados de hipervigilancia y ansiedad.
Adicionalmente, podría existir la modificación de conductas cotidianas, como evitar lugares públicos o experimentar desconfianza al transitar por la vía pública.
Los expertos y autoridades enfatizan la necesidad de reforzar los programas de prevención, proteger a terceros y trabajar en la recuperación de la confianza ciudadana.
