Costa Rica avanza con acuerdo bilateral de extradición aprobado con Ecuador
El Estado costarricense completó la aprobación en agosto de 2023.
Fecha de publicación:
Fecha de modificación:
Costa Rica suma una nueva cooperación internacional con un tratado bilateral de extradición firmado con Ecuador para enfrentar la delincuencia organizada.
El tratado, compuesto por 23 artículos y suscrito en San José en noviembre de 2021, establece los procedimientos para la entrega recíproca de personas procesadas o condenadas a penas de al menos un año de prisión.
El Estado costarricense completó la aprobación de sus requisitos legales en agosto de 2023.
“El objetivo fue claro: que los dos países puedan intercambiar recíprocamente a personas para enfrentar un proceso penal de al menos un año de prisión y también quienes tengan una condena en firme. Es muy importante señalar y aclarar que este tratado no elimina controles, todo lo contrario”, afirmó Lucía Jaramillo, congresista del oficialismo en Ecuador.
Dentro del marco jurídico de Costa Rica, la extradición en este convenio procederá exclusivamente por narcotráfico y terrorismo.
Esta delimitación responde a la reforma de la Constitución Política costarricense que permite la extradición de nacionales en los delitos mencionados, garantizando que la aplicación del tratado se realice con estricto apego a los límites y salvaguardas constitucionales del país.
Si bien el país ya dispone de su propia Ley de Extradición, el acuerdo fija reglas bilaterales específicas para agilizar la entrega de personas requeridas por la justicia.
“Considero que es sumamente importante reforzar ese tipo de alianzas entre los distintos estados, ya que, sin duda alguna, para enfrentar el crimen organizado transnacional, la clave es hacerlo en conjunto con los países de la región, ya que el crimen organizado opera sin distinción de fronteras”, señaló Karen Jiménez, criminóloga de la Universidad Estatal a Distancia (UNED).
Garantías procesales y mecanismos de detención provisional
El instrumento incluye salvaguardas explícitas para proteger los derechos fundamentales, el debido proceso y el derecho a la defensa de los requeridos.
Entre sus disposiciones principales, garantiza que la persona entregada solo sea juzgada por el delito que motivó la extradición y la posibilidad de aplicar una detención provisional de hasta 60 días mientras se formaliza la solicitud.
El tratado comenzará a regir formalmente 30 días después de que ambas naciones notifiquen de forma oficial la conclusión de sus trámites internos dentro de las cancillerías.