San José, (EFE).- La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH), con sede en Costa Rica, enjuició hoy a Perú por las presuntas torturas y violación sexual de una mujer identificada solo como\\\\\\\\\\\\\\\”, a quien en 1992 detuvieron como sospechosa de pertenecer al grupo terrorista Sendero Luminoso.
La demanda indica que\\\\\\\\\\\\\\\”J\\\\\\\\\\\\\\\” (identidad protegida) fue detenida de forma \\\\\\\\\\\\\\\”ilegal y arbitraria\\\\\\\\\\\\\\\” en los registros domiciliarios realizados el 13 de abril de 1992 por parte de agentes estatales, quienes \\\\\\\\\\\\\\\”incurrieron en actos de tortura y tratos crueles, inhumanos y degradantes, incluida la violación sexual\\\\\\\\\\\\\\\”.
Estos hechos habrían continuado en el traslado de la detenida a la Dirección Nacional contra el Terrorismo (DINCOTE), en Lima, y su privación de libertad, aparentemente sin control judicial y en condiciones inhumanas de detención durante 17 días.
La abogada Silvia Serrano, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), ente que eleva los casos a la Corte, afirmó en los alegatos finales que \\\\\\\\\\\\\\\”J\\\\\\\\\\\\\\\” estuvo detenida \\\\\\\\\\\\\\\”sin ningún control judicial\\\\\\\\\\\\\\\”.
\\\\\\\\\\\\\\\”Desde el momento de su detención, su traslado y permanencia en la DINCOTE, fue sometida a secuencias de violencia, golpes, maltrato verbal, violación sexual y condiciones de detención incompatibles con la dignidad humana\\\\\\\\\\\\\\\”, expresó Serrano.
La abogada aseguró que la descripción escrita por \\\\\\\\\\\\\\\”J\\\\\\\\\\\\\\\” sobre lo sucedido, que se encuentra en el expediente del caso, \\\\\\\\\\\\\\\”guarda consistencia en el tiempo\\\\\\\\\\\\\\\”.
\\\\\\\\\\\\\\\”Los hechos narrados por \\\\\\\\\\\\\\\’J\\\\\\\\\\\\\\\’ se enmarcan en un contexto de violencia sexual establecido por la Comisión de la Verdad y reconocida como una práctica generalizada\\\\\\\\\\\\\\\” de la época, manifestó Serrano.
Por su parte, la fiscal Magda Atto, que ejerció como testigo hoy, declaró a los jueces que condujo los operativos realizados entre el 13 y 14 de abril de 1992 en los que fue detenida \\\\\\\\\\\\\\\”J\\\\\\\\\\\\\\\”, los allanamientos domiciliarios y las investigaciones realizadas por el Ministerio Público.
Atto afirmó que estas diligencias fueron contra el terrorismo y que nunca bajo su mando se produjeron violaciones sexuales, torturas o tratos degradantes contra algún detenido.