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Las Salas Primera, Segunda y Tercera de la Corte Suprema de Justicia revisarán las normas que regulan las medidas cautelares, con el propósito de plantear posibles cambios que permitan responder al avance del crimen organizado y la corrupción.
La decisión fue adoptada por Corte Plena este lunes 7 de setiembre. Las magistraturas tendrán un plazo de 15 días para analizar la normativa aplicada en procesos penales, laborales y contencioso-administrativos.
El estudio determinará si el marco jurídico vigente responde de manera adecuada a las nuevas realidades del país y permite tomar decisiones oportunas ante casos que podrían afectar a la sociedad y la institucionalidad democrática.
“El derecho tiene que responder a las necesidades que demanda la realidad social. Por eso, es necesario revisar y precisar la normativa sobre medidas cautelares, de manera que establezca los elementos que deben analizarse para decidir su aplicación”, manifestó el magistrado de la Sala Constitucional, Paul Rueda.
El funcionario agregó que esta revisión debe efectuarse periódicamente y sin prejuzgar sobre expedientes específicos.
“Esta revisión debe realizarse periódicamente, sin prejuzgar sobre casos concretos, para fortalecer la seguridad jurídica y permitir una respuesta más clara ante las situaciones que se están presentando”, añadió.
La iniciativa fue impulsada por Rueda junto con los magistrados Luis Porfirio Sánchez y Jorge Olaso, de la Sala Segunda; Jorge Leiva, de la Sala Primera, y Patricia Vargas, de la Sala Tercera.
Uno de los aspectos que se analizarán será la posibilidad de reinstalar o mantener separado de su cargo a un trabajador mientras se desarrolla una investigación relacionada con presuntos actos de corrupción o crimen organizado.
Para las magistraturas, este tipo de decisiones puede incidir en el funcionamiento de las instituciones y en la protección del interés público.
Las propuestas pondrán especial atención en los casos de corrupción y delincuencia organizada, pero respetarán la independencia judicial y las competencias de cada persona juzgadora.
“La Corte no puede entrar a valorar o revisar decisiones jurisdiccionales concretas, pero está claro que, frente a la letra de la ley, se puede analizar, discutir y valorar la generación de propuestas que permitan responder mejor a las situaciones que se presentan actualmente en el país”, señaló la magistrada Patricia Vargas.
La Corte aclaró que la iniciativa no pretende revisar resoluciones particulares ni ordenarles a los jueces cómo resolver los procesos sometidos a su conocimiento.
Corte Plena también aprobó una propuesta de la magistrada Damaris Vargas para que los despachos judiciales brinden atención diligente y prioritaria, cuando corresponda legalmente, a procesos en los que figuren funcionarios judiciales investigados por presunta corrupción.
La medida busca agilizar expedientes que tengan pendientes decisiones sobre medidas cautelares, sentencias o recursos.
La prioridad cobra especial relevancia cuando el funcionario investigado se encuentra suspendido con goce de salario, debido al impacto que esta situación puede generar en el servicio de justicia y en el presupuesto institucional.