La aprobación de leyes como la 9458 de Bienestar de los Animales, 9582 de Justicia Restaurativa o la 9983 llamada nueva Ley de Contratación Pública obligarían al Poder Judicial a realizar gastos que no estaban contemplados en su presupuesto, asegura la Corte Plena.
En términos totales, el Tercer Poder de la República estima que se necesitan al menos ¢2.591,1 millones adicionales para cumplir con las funciones de esas tres leyes.
Sin embargo, cuando se aprobaron las normas, la Asamblea Legislativa no destinó recursos para sufragar los gastos asociados a estas. Así lo afirma el Poder Judicial en la construcción del anteproyecto de presupuesto para 2025 que brindará al Ministerio de Hacienda como requerimiento para la presentación del presupuesto del Estado.
RESTRICCIONES
Según el máximo órgano judicial del país, para implementar la nueva Ley de Justicia Restaurativa se necesitan ¢1.422,3 millones. En el caso de la Ley de Bienestar Animal se requieren ¢591,7 millones y para la nueva Ley de Contratación Pública ocupan ¢577,8 millones.
Pero esta no es la única queja que tienen los magistrados en temas presupuestarios: “adicionalmente, la Corte Plena conoció una serie de necesidades institucionales que no pueden ser incorporadas al presupuesto debido a las restricciones presupuestarias, y dispuso enviarlas al Ministerio de Hacienda de manera adicional al presupuesto ordinario del Poder Judicial para el 2025”, indicaron en un comunicado de prensa.
LA PROPUESTA
La presentación del anteproyecto se realizó frente a las personas integrantes del Consejo Superior, las personas directoras de las diferentes dependencias gerenciales, así como las jefaturas de la Dirección de la Defensa Pública, el Organismo de Investigación Judicial y la Fiscalía General de la República.
Para 2025, los magistrados pedirán ¢17.000 millones más de los fondos recibidos en 2024. Esto representa un crecimiento de un 3% de un año a otro. En 2024, la Corte recibió ¢504.249 millones y la solicitud para el año siguiente es de ¢521.145 millones.
Estos montos corresponden a ¢490.834 millones en gastos corrientes y ¢30.311 millones como gastos de capital (inversiones).
HACIENDA OTORGA
RECURSOS ADICIONALES
Para 2025, el Ministerio de Hacienda otorgó recursos adicionales a la financiación de proyectos importantes. Estos tienen que ver con infraestructura física, tecnológica, así como proyectos y apoyo a la implementación de nuevas normas.
En el caso de la Reforma Procesal de Familia, el Poder Judicial destinará ¢3.895 millones y a la Reforma Agraria ¢3.395,9 millones.
Para proyectos de infraestructura, se plantean ¢3.395 millones destinados al Complejo de Medicina Legal de Buenos Aires en Puntarenas y ¢1.347 millones para otras necesidades de construcciones.
Finalmente, brindarán ¢2.402 millones en seguridad del Poder Judicial y ¢3.074 millones en tecnología.
CONTROL DE GASTOS
La aprobación de este anteproyecto se ejecutó en la sesión extraordinaria de la Corte Plena (reunión que incluye a los 22 magistrados de las cuatro Salas de la Corte) del lunes 27 de mayo 2025.
En dicha sesión, los altos jueces dieron el aval para remitir la propuesta al Ministerio de Hacienda. Según el Poder Judicial: “La limitación presupuestaria ante la situación del país, es uno de los aspectos que definen el plan de gasto del Poder Judicial, en los últimos años. Como garantes de la administración de justicia, se procura que con los recursos existentes se dé continuidad a los servicios que se brinda a las personas usuarias, maximizando el contenido en cada partida”.
El anteproyecto lo remitió el Consejo Superior y la exposición del detalle estuvo a cargo del director de Planificación del Poder Judicial, Allan Pow Hing Cordero.