Más del 65% de población en centros penales no labora
Los magistrados de la Corte Suprema de Justicia allanaron el camino de un proyecto de ley para que los presos puedan trabajar.
La propuesta es impulsada por Nueva República (NR) y busca que, dentro de la pena impuesta, se establezcan actividades laborales en los centros penitenciarios.
Del mismo modo, plantea que se realicen convenios con instituciones públicas o privadas como “medio de resocialización” y además que los productos generados por los privados de libertad puedan ser consumidos por el Estado o la población en general.
El texto fue consultado a los altos jueces, quienes consideraron que este no incide en la organización ni el funcionamiento del Poder Judicial.
Además, no crea nuevos puestos de trabajo en dicho Poder ni tampoco genera erogaciones financieras extra.
De acuerdo con el magistrado de la Sala III Jesús Ramírez, la iniciativa de ley no delega nuevas competencias a los jueces de ejecución penal, ya que formaría parte de las facultades que les son asignadas.
Finalmente, los magistrados señalan que la norma “faculta a los jueces de ejecución de la pena a ejercer funciones de vigilancia y control de lo referente al cumplimiento del régimen penitenciario, principalmente sobre el respeto de los derechos fundamentales” de los reos.
Con dicho criterio, el proyecto necesita 29 votos para ser aprobado, lo cual aligera el trámite de la propuesta. Según datos de World Prision Brief, Costa Rica se encuentra situada a nivel mundial dentro de los veinte Estados con una mayor tasa de personas recluidas de la región.
El gasto mensual de manutención de cada privado de libertad en Costa Rica asciende a aproximadamente ¢437.840, carga que asumen todos los costarricenses a través de sus impuestos.
Por otra parte, los oficios MJP-DM-482-2024 y MJP-DM-0541-2024, del Ministerio de Justicia y Paz, informan que, de una población de 14.907 privados de libertad solo 5.143 trabajan y 6.673 estudian.
Es decir, un 65% de la población en la cárcel se mantiene inactiva.
“Nueva República considera indispensable que los privados de libertad lleven a cabo actividades laborales, con el objetivo de que generen ingresos que contribuyan a disminuir el gasto del Estado en su manutención. Además, este trabajo les permitirá apoyar económicamente a sus familias, lo que genera un impacto positivo en su entorno”, declaró el diputado Fabricio Alvarado, de NR.
Asimismo, la iniciativa de los legisladores de Nueva República señala que las personas privadas de libertad que realicen actividades remuneradas para las empresas deberán estar cubiertas por una póliza de riesgos laborales.
Además, detalla que los recursos que reciban los reos producto de su trabajo en los términos de esta ley se distribuirán de la siguiente manera: 30% pago de multas, indemnizaciones o pensión alimentaria en caso de tenerlas; 40% pago de contribución al Estado para su manutención como privado de libertad y el restante 30% para recursos propios del interno y su familia.
