Panamá. (AFP) – La Corte Suprema de Panamá comenzará a analizar, en \”sesión permanente\”, una decena de demandas de \”inconstitucionalidad\” contra el contrato con una minera canadiense, tema que mantiene al país semiparalizado por bloqueos de rutas desde hace más de un mes.
Las protestas estallaron el 20 de octubre, cuando el Congreso aprobó el contrato firmado por el gobierno que permite a la compañía canadiense First Quantum Minerals operar por 40 años la mina de cobre a cielo abierto más grande de Centroamérica.
\”Los magistrados acordaron […] convocar para el día [viernes] 24 de noviembre del año en curso a una reunión plenaria en sesión permanente hasta emitir su decisión en el menor tiempo posible\” sobre las demandas de inconstitucionalidad del contrato minero, dijo el secretario general de la Corte Suprema, José Manuel Calvo, en un vídeo difundido por el poder judicial.
En paralelo a las protestas que han ocasionado pérdidas millonarias, una decena de organizaciones y particulares presentaron demandas de \”inconstitucionalidad\” del contrato, las que deberán ser resueltas por el máximo tribunal, que no tiene plazo fijo para dictar su fallo.
Por su parte, la minera pidió a la Corte desestimar esos recursos, al argumentar que el contrato no infringe la carta magna panameña y la mina es ambientalmente sostenible.
Lo mismo pidió un título personal un prominente abogado, Juan Carlos Arauz, según medios locales, por considerar que Panamá ha firmado varios tratados de protección de la inversión extranjera y que el cierre de la mina llevaría al país a juicios en tribunales internacionales.
Para llamar la protesta, el Congreso aprobó el 3 de noviembre una moratoria de la minería metálica, pero dejó en manos de la Corte Suprema el futuro del contrato.
Esto satisfizo a los ambientalistas, que dejaron de salir a marchar, pero no al sindicato de la construcción, gremios de maestros y otras organizaciones, que siguieron con los bloqueos.
Frente a la sede de la Corte hay manifestaciones cotidianas en demanda de un fallo que declara inconstitucional el contrato.