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El caso de la denuncia de un joven atleta que asegura fue asaltado por 4 oficiales de la Fuerza Pública destacados en la delegación del cantón de Vázquez de Coronado encendió la alerta, no solo de los vecinos de la comunidad, sino también de medios de comunicación y de las altas esferas del Ministerio de Seguridad Pública (MSP), por lo serio de la acusación que compartió la familia del afectado.
Entre los cuestionamientos de lo sucedido, el padre del joven de 16 años, deportista y representante de Coronado en Juego Nacionales, aseguró que el trato que recibió de los jefes policiales fue eficiente y bueno, incluido el del jefe de región, con que el conversó y le indicó al padre de familia que el tema de la corrupción policial en la zona es preocupante.
“Ellos son reincidentes y peligrosos y el jefe regional de la Fuerza Pública que visitó la delegación me aseguró que si por él fuera se queda solo con un oficial, con tal de no tener a 4 corruptos.
Él mismo ordenó la detención de la patrulla y me indicó que los oficiales ya eran reincidentes según otras denuncias. Me indicaron que hay una corrupción enorme desde adentro y me indicaron que es difícil el tema en la delegación de Coronado”, detalló Álvaro Carmona, padre del menor.
REINCIDENTES
De acuerdo con lo que el jefe policial le externó a Carmona, la reincidencia en los delitos perpetrados por policías en Coronado es alarmante, incluido los 4 oficiales señalados a quienes involucran con otro hecho sucedido la semana anterior.
“Me indicaron que lo que pasó no es nuevo y que esos policías eran reincidentes, ya que la semana pasada les reportaron hechos similares y es cuando uno se pone a pensar en todo lo que se oculta y que uno piensa que no pasa”, señaló Carmona.
INVESTIGACIÓN
Por ser un caso ahora en investigación por parte de la Fiscalía, las autoridades del MSP omitieron referirse, según dijo Daniel Calderón, director de San José, para no entorpecer las dirigencias judiciales.
Es por ello que le hicimos la consulta a los representantes sindicales de la Fuerza Pública, quienes resaltaron el tema del derecho a la defensa.
“Esperamos que avance la investigación y se siente la responsabilidad y que se proceda como el derecho corresponde en el ámbito penal y administrativo. Defendemos el derecho a la defensa y la legítima defensa, pero también abogamos por la transparencia en el desempeño de nuestra labor y ante esto, si se determina alguna responsabilidad, apoyamos para que se separe al funcionario”, argumentó Mainor Anchía, de la seccional ANEP-Fuerza Pública.
PROCESOS
Este caso trae a colación políticas que en la anterior administración del MSP se aplicaron por parte del jerarca Gustavo Mata y que ahora traen consecuencias legales y económicas para la institución.
Solo en el 2016, directrices emitidas y respaldadas por el expresidente Luis Guillermo Solís fundamentaron el despido de 115 oficiales, a los que se les aplicó el artículo 140 por pérdida de confianza, por delitos relacionados con violación, abuso sexual, crimen organizado homicidios y privación de libertad.
Durante el 2017, se procedió al despido de 82 policías más por mantener procesos abiertos de faltas al trabajo, licor y desacatamiento de órdenes.
Pero uno de los aspectos que la actual administración -comandada por el jerarca Michael Soto- ha tenido que resolver son los incontables procesos judiciales en contra del Ministerio por la mala aplicación de la pérdida de confianza, lo que acaba convirtiéndose en un proceso de despido injustificado.
Solo en ese año, el MSP tuvo que reinstalar a 16 oficiales, dos de los casos por resoluciones del despacho del Ministerio por recursos de revocatoria o reposición; 4 por votos de la Sala Constitucional; 8 casos de despidos revocados por disposición del MSP y dos más que se encontraban con una medida cautelar por parte del Juzgado Contencioso Administrativo.
En cuanto a este tema, el líder sindical recordó el caso del oficial Jorge Vindas de Puntarenas y que publicara el Periódico de Más Venta en Costa Rica este martes.
El despido se basó en una investigación contra el policía que se desestimó, pero por la cual se separó de la Fuerza Pública a un oficial con 20 años de trayectoria.
“El caso de Jorge Vindas a toda luz fue injusto, ya que no se le respetó el derecho a la defensa, el debido proceso y la presunción de inocencia. El entonces ministro Gustavo Mata hizo ver que se estaba despidiendo a policías corruptos por medio del artículo 140 y vinculados al narcotráfico y crimen organizado. Pero esto no era cierto y puede ser que algunos casos estuvieran vinculados, pero no así el caso de Jorge Vindas y de otros compañeros que han sido reinstalados y sobreseídos en los Tribunales de Justicia”, pormenorizó Anchía.
Asimismo, sostuvo que el caso de Vindas se asemeja a un proceso que enfrentó una oficial de alto mando de apellido Chavarría, que también encaró un proceso por peculado con suspensión por falta de prueba, pero a diferencia del oficial raso, el oficial continuó sus labores en el puesto de alto rango que al día de hoy ostenta.
LEY GENERAL DE POLICÍA 7.410
Artículo 88: El despido justificado
“Los servidores amparados por el presente estatuto solo podrán ser removidos de sus puestos por las siguientes razones:
Por la comprobación de que han incurrido en una falta grave, según los dispuestos en la presente ley.
Por incurrir en cualquiera de las causales establecidas en el artículo 81 del Código de Trabajo.
Por ineficiencia o impericia manifiesta y comprobada en el desempeño del puesto”.