Un informe judicial, que debe estar listo en menos de un mes, evitaría la prescripción de al menos uno de los delitos penales en el caso Aldesa. En agosto DIARIO EXTRA dio a conocer un documento dirigido a Carlo Díaz Sánchez, fiscal general de la República, donde defensores de las víctimas se mostraron preocupados por la situación del expediente 19000157-1220-PE.
En dicho oficio, los inversionistas acusaron que el proceso estaba a punto de prescribir, el avance iba al paso de la tortuga y, adicionalmente, se sentían desprotegidos por las autoridades.
Cabe recordar que a los afectados se les debe más de $200 millones (aproximadamente ¢106.931 millones), cuyo dinero fue destinado a inversiones financieras, y proyectos inmobiliarios, que al final no generaron los rendimientos esperados o no se desarrollaron.
El Periódico de Más Venta en Costa Rica conoció que las autoridades judiciales están a la espera de un informe de la Sección de Anticorrupción, Delitos Económicos y Financieros del Organismo de Investigación Judicial con el fin de establecer el perjuicio que, presuntamente, fue ocasionado a más de 580 personas.
Del mismo modo, el documento deberá contener la forma en que, al parecer, se les indujo en error y la naturaleza del producto financiero que se les ofreció a los ofendidos.
Cabe señalar que el caso se encuentra en fase de investigación avanzada por el presunto delito de estafa e infracción al artículo 158 de la Ley Orgánica del Banco Central de Costa Rica. Actualmente, está pendiente tomar la declaración indagatoria a otras personas y ampliar la misma al imputado Chaves en relación con los ofendidos restantes.
LÍNEA HISTÓRICA
En marzo de 2019 DIARIO EXTRA informó que la Fiscalía Adjunta de Fraudes recibió una denuncia por presunta estafa, administración fraudulenta y aparente retención indebida contra el presidente de Aldesa.
Por dicha situación, se indagó a Chaves y un Juzgado Penal le impuso medidas cautelares. En principio el empresario aseguró que Aldesa le haría frente a la deuda con un plan de contingencia, pero posteriormente dijo que no podría por culpa de la crisis fiscal y problemas de liquidez.
Las inversiones escaparon de la fiscalización de la Superintendencia General de Valores (Sugeval), a pesar de que se generó una confusión en relación con el tipo de producto ofrecido.
CASO COMPLEJO
El caso Aldesa ha sido uno de los más complejos en las sedes judiciales. El expediente en investigación es de suma complejidad ya que cuenta con 5.271 folios en el legajo principal, 2 legajos de prueba con 535 folios, 20 legajos de denuncia y pruebas de inversionistas que suman 3.536 folios más.
Este proceso también requirió la ejecución de múltiples diligencias investigativas. Entre ellas están 13 lugares allanados, dos aperturas de evidencia (152 evidencias cajas y bolsas, así como 83 dispositivos electrónicos), revisión de prueba documental y digital, incluidos unos 25 mil correos.
Del mismo modo, se ejecutaron más de 20 solicitudes de levantamiento del secreto de información privada de tipo bancario, tributario y bursátil.
ACUSACIONES
Además de los señalamientos a Chaves, la Fiscalía Adjunta de Delitos Económicos acusó a seis funcionarios de la Sugeval, específicamente a la Superintendente, el Intendente, el director de la División Jurídica, el director de División de Supervisión de Fondos y Emisores, la directora de la División de Supervisión de Mercados de Valores y la directora del Departamento de Oferta Pública de Valores por el delito de incumplimiento de deberes.
No obstante, cuando se realizó la audiencia preliminar el 22 de setiembre de 2022, en la que se definiría si el caso iba o no a juicio, la Procuraduría General de la República (PGR) acordó conciliar con cada imputado el pago de ¢2.895.854.88, la realización de 200 horas de trabajo comunal y el pago de la póliza respectiva ante el Instituto Nacional de Seguros.
En dicha audiencia el Ministerio Público se opuso a la conciliación, al considerar que la medida no cumplía con los presupuestos de proporcionalidad en relación con el reproche de los hechos acusados.
Eso porque según las autoridades judiciales, los miembros de la Sugeval no cumplieron sus deberes a pesar de que conocían su función de protección al inversionista y también conocían varias irregularidades que se presentaban con respecto a Aldesa, así como la necesidad de regular a este grupo en su totalidad.
Pese a ello, el criterio y la oposición del Ministerio Público no resultó vinculante para la toma de decisión del Juzgado Penal, puesto que el Código Procesal Penal establece que la conciliación se realiza entre la víctima y el imputado y, en este caso, la PGR era la representante del Estado.
La conciliación acordada ya fue cumplida por los imputados por lo que, procesalmente, el caso relacionado para estas personas está cerrado con un sobreseimiento definitivo a partir del 3 de mayo de 2023. Sin embargo, Chaves y otras personas aún figuran como investigadas por las autoridades judiciales.