Dicen que las crisis ponen a prueba el entramado social para organizarse y decidir el camino más apropiado para enfrentarla, y que la necesidad es la madre del pensamiento y la acción creativas que surgen para solventarla. Ambos determinantes se han reflejado en el país a propósito de la lucha contra la pandemia del Covid-19, a la que el Gobierno (incluyendo al ministerio de Salud y la CCSS en especial) y la sociedad han respondido diligente y acertadamente para encarar los desafíos inéditos que esta enfermedad les ha planteado.
Las decisiones oportunas y atinadas que, por ejemplo, el Poder Ejecutivo y la Asamblea Legislativa han tomado, cada cual en su ámbito de competencia, en materia sanitaria, social, laboral, económica y financiera con miras a estar a la altura de los retos que demanda esa emergencia viral, denota una capacidad eficiente y ágil para acoplarse al nuevo signo de los tiempos marcado por esa amenaza global a la salud y a la economía.
Esto último no sería posible si nuestro Estado adoleciera de gobernabilidad, valga decir, si toda la institucionalidad normativa, decisoria y operativa que lo hace funcionar, inscrita en la Constitución Política, leyes, decretos, reglamentos, resoluciones, directrices, y en los marcos funcionales de los órganos que la ejecutan, no satisficiera en tiempo, eficacia y calidad las graves y urgentes necesidades que está atravesando gran parte del pueblo en estos momentos críticos.
Empero, aun cuando lo dicho aquí es cierto, que por lo demás le da un mentís a quienes sostienen que hay ingobernabilidad en Costa Rica, no es todo lo que explica esa característica esencial en cualquier Estado que se precie de moderno y actualizado respecto de sus responsabilidades hacia el conjunto social. La visión y capacidad del líder para convocar a la sociedad a seguirlo en la búsqueda de un horizonte en lontananza, es la variable más influyente que hace la diferencia entre gobernar con legitimidad o no, y es la que hace la distinción entre un régimen gobernable o no, sin olvidar, claro está, la inevitable flexibilidad, resiliencia, realimentación, y adaptación de la organización material del Estado al nuevo escenario trazado en esa visión, como complemento a la labor del líder. Y esto es lo que estamos viendo con motivo de la administración de la emergencia sanitaria, social y económica por parte del Gobierno.
Y cuando hay liderazgo, es decir, cuando se cree en la dirección fijada por el líder, y cuando ese rumbo está impregnado, además, de ese concepto vago pero aglutinador llamado Patria, el resto de la sociedad, bajo un haz de voluntades y al unísono, se dirige hacia el horizonte definido por aquél, unos por convencimiento en esa visión y otros porque el deber de obediencia los conmina a hacerlo amén de identificarse también con el interés supremo marcado por el líder. La reacción oportuna del Poder Ejecutivo a la emergencia sanitaria puso a prueba el grado de gobernabilidad existente en el país, y superaron el “examen”, resultado que, sin embargo, se lo “debemos” al reto ofrecido por el virus causante del Covid-19, y no a un cambio en sí.
Pero la enseñanza más relevante que está dejando esta sorpresiva e insospechada experiencia política, derivada de la exitosa gestión de la crisis sanitaria, es que ni el Gobierno ni la sociedad deben esperar a tener la “presión” inmediata y repentina de amenazas externas como el Covid-19 que obliguen circunstancialmente a reorganizarse y a prepararse rápido para manejar ese derrotero y así responder a las exigencias presentadas, para luego, una vez superada esa contingencia, volver a la “normalidad” de las rutinas conocidas… Esta lección de gerenciamiento de la crisis de salud y económica por la que transitamos, y que ha concitado la atención y el reconocimiento mundial por los bajos casos de personas infectadas, de fallecimientos, de los muchos recuperados, de la disciplina sanitaria que ha mostrado la mayor parte de la población, y de las acciones efectuadas por el Gobierno y otros actores para proteger social y económicamente con los recursos disponibles en el país a un porcentaje importante de empresas y personas, debe servir de acicate para replicar el estilo administrativo de dirección y ejecución que el Gobierno adoptó para manejar algunas de las secuelas de esta crisis, y extenderlo a otros sectores de actividad del país que están ameritando la mirada del Poder Ejecutivo. Parece que un “estado de emergencia permanente”, creado al margen de la amenaza de un enemigo súbito, es lo que se necesita para que siempre se acentúe el liderazgo, se trabaje y se coordine más y mejor entre todos los participantes públicos y privados, se refuerce la comunicación social, se acreciente la gobernabilidad, se aumente la sensación de estar en un gran equipo de trabajo nacional y permita unirnos más como país.
*Politólogo
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