La Comisión para Promover la Competencia (Coprocom) dejó claro que uno de los retos para este año será conseguir el financiamiento completo previsto en la ley.
De acuerdo con la Coprocom, la Ley de Fortalecimiento de las Autoridades de Competencia de Costa Rica N.º 9736, establece que el presupuesto no debería ser inferior a los ¢2.390 millones.
El país está constantemente siendo evaluado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) para ver los avances en esta materia.
El Órgano Superior ha realizado múltiples gestiones para que el Gobierno apruebe el presupuesto que establece para esta autoridad el artículo 17 de dicha ley.
El presupuesto ordinario asignado y aprobado para el año 2022 fue de ¢708 millones, por lo que la Coprocom cree que a través del Ministerio de Economía, Industria y Comercio se puede gestionar un presupuesto extraordinario. Para el año anterior, recibió únicamente el 28% del monto que legalmente le correspondía.
“A pesar de los logros, subsisten desafíos importantes para lograr un verdadero fortalecimiento de la política de competencia en el país. El mayor de ellos consiste en lograr una independencia financiera real de la Coprocom”, señaló Viviana Blanco, presidenta de dicho órgano.
Asegura que es esta falta de recursos la que ha retrasado el proceso de reestructuración institucional de la Coprocom y la contratación del personal necesario para asumir efectivamente las nuevas atribuciones previstas.
La obtención de estos recursos es fundamental para fortalecer la independencia técnica y funcional de la Comisión conforme a lo recomendado por la OCDE y lo establecido en la propia legislación nacional de competencia.
Si bien todavía falta mucho por hacer, es grato que comienza a observarse una mayor sensibilización del Gobierno para incorporar los principios de competencia económica dentro de las políticas públicas en diversos ámbitos de la economía nacional.
Según manifestó en su rendición de cuentas, asegura que, con solo 13 funcionarios, la Coprocom logró resolver 24 concentraciones económicas, emitió 29 opiniones sobre proyectos de decretos de ley, barreras de entrada y reglamentos y sancionó dos procedimientos, durante 2022.