Coprocom abre investigación sobre caso Cochinilla

La Comisión para Promover la Competencia (Coprocom) abrió una investigación sobre el caso Cochinilla. Así lo confirmó su presidente Guillermo Rojas.
“El tema que consulta fue objeto de sesión extraordinaria el día de hoy (ayer), donde se tomó el acuerdo de iniciar una investigación de oficio sobre los hechos inquiridos en días anteriores por el Organismo de Investigación Judicial”, indicó ante una consulta de DIARIO EXTRA.
Aseguró que el tema no es nuevo para la Coprocom, pues se ha insistido desde hace mucho tiempo sobre la transparencia en la redacción de pliegos de condiciones en contrataciones públicas, así como la emisión de la guía de principios de competencia en la contratación administrativa.
“En el pasado de igual forma ya se han investigado y sancionado casos detectados de carteles en concursos públicos y también se han cuestionado contrataciones en específico por violentar principios de libre competencia”, manifestó.
Para tener una Comisión adecuadamente fortalecida, cuya recomendación proviene de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), reiteró la necesidad al Ministerio de Hacienda de girar los recursos mínimos dispuestos en la Ley No.9736, que en los últimos dos años no llegan ni al 30% de lo definido por el legislador.
La apertura del caso tiene lugar después de que el presidente Carlos Alvarado hiciera la excitativa desde Puriscal para que el Ministerio de Economía a través de la Coprocom entrara a ver el tema.
El expediente del caso Cochinilla menciona que existe la probabilidad de que las empresas MECO S.A. y H.Solís se pusieran de acuerdo para ganar contratos de obra pública.
Tal como lo adelantó DIARIO EXTRA, la Ley No.9736 para el Fortalecimiento de las Autoridades de Competencia de Costa Rica, aprobada en 2019, incluye una sanción para los funcionarios públicos que fomenten los monopolios.
La nueva normativa establece la prohibición del agente económico y de sus representantes legales de participar de cualquier forma en todo tipo de contratación administrativa con cualquier entidad pública por un plazo de entre 2 y 10 años, en los casos de haber incurrido en un acuerdo con competidores para repartirse las licitaciones públicas.