Las cooperativas de salud que presentaron estudios como supuestas pruebas en el caso Barrenador se enfrentarían a una nueva causa por delitos como falsificación de documento, uso de documento falso y falsedad ideológica.
Esto luego de que la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (Fapta) descartara los archivos por considerar que eran falsos.
De acuerdo con el abogado penalista Rodrigo Rosales, esta situación no entorpecería la investigación actual, aunque considera que debe ser elevada ante otra instancia especializada en fraudes.
Así lo regula la Ley Sustantiva del Código Penal desde el artículo 366 hasta el 369, donde se establecen sanciones de prisión de hasta seis años para las personas que cometan estas faltas y de ocho años cuando las realice un funcionario público.
Según Fapta, los textos aportados no serían veraces ya que el Área de Contabilidad de Costos de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) no emitió ningún informe de razonabilidad de precios previo al que consta en el Sistema de Compras Públicas (Sicop).
Pese a que las supuestas evidencias fueron descartadas por la Fiscalía, estas deben incorporarse al expediente por un tema de acceso a la justicia.
“Al dejar estas pruebas dentro del expediente, posteriormente el juez puede abrir una nueva causa contra las cooperativas, en este caso por una falsa prueba”, explicó el abogado penalista Joseph Rivera.
Insisten en validez
Coopesalud, una de las entidades involucradas en la adjudicación de ebáis por parte de la Caja, se desligó de los señalamientos apuntando “el pobre análisis realizado” por Fapta.
De acuerdo con su tesis, el ente declaró falso un documento impreso sin revisar la versión digital donde se evidenciaría que fue elaborado desde una computadora cuya licencia pertenece a la CCSS.
“Lamentamos que el afán de probar una supuesta culpa lleve al Ministerio Público a cometer errores de este tipo, pues dichos actos plantean una afectación directa sobre las cooperativas de Salud incluidas en el proceso, en cuenta la nuestra”, manifestó.
Además, alegó que los escritos desestimados por Fapta serían una prueba de la existencia de análisis previos que reflejaban millonarios ahorros para la Caja con la adjudicación de ebáis a cooperativas.
