La junta directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) acordó aplazar la adjudicación de 138 ebáis en la Gran Área Metropolitana (GAM) a cooperativas de salud, las cuales operan bajo el modelo de tercerización desde hace varios años.
La decisión de generar una nueva prórroga de nueves meses se tomó debido a dudas que giran en torno a los análisis técnicos hechos por diversas instancias de la Caja, por lo cual, los directivos optaron por pedir mayor tiempo e información para tomar una determinación.
No obstante, según dice el oficio DFC-ACC-0489-2024, suministrado a DIARIO EXTRA por la Asociación Nacional de Empleados Públicos (ANEP), existe una amplia diferencia entre el costo que actualmente paga la institución por otorgar estos servicios y lo que debería cancelar con las nuevas tarifas que están solicitando las cooperativas.
Según se lee en el documento, la adjudicación de estos 138 centros de salud de primer nivel le cuesta a la Caja ¢3.344,4 millones al mes, mientras que la nueva oferta representaría un gasto de ¢4.441,4 millones.
Esto significa una diferencia de ¢1.097 millones mensuales y se traduciría en un aumento de ¢13.163,5 millones al año, es decir, una variación de 33% en comparación con lo que se paga actualmente.
Cabe resaltar que el aumento varió dependiendo de cada cooperativa, es decir, mientras unas reportaron un incremento de ¢157 millones, otras cotizaciones variaron en más ¢41,5 millones su costo mensual.
Sin embargo, el informe revela que, tras el análisis hecho por la CCSS, todas recibieron el calificativo de oferta excesiva, es decir, que el 100% de las solicitudes exceden la racionabilidad del precio, si se compara con sus costos normales en el mercado.
NO HALLARON JUSTIFICACIÓN
Al ser consideradas como ofertas excesivas según los parámetros de la CCSS, la institución debe hacer un análisis más profundo en busca de alguna especie de justificación que permita esclarecer el costo elevado.
Ante esta diferencia, la Gerencia Financiera de la Caja hace dos análisis, primeramente, indica algunos factores que pudieron incidir en engrosar la diferencias, resaltando el cambio de jornadas laborales girando hacia 48 horas semanales y los perfiles que se adicionaron para esta nueva licitación, lo cual pudo haber propiciado un crecimiento que varía entre un 13% y un 63%.
Sin embargo, aducen que la Gerencia Médica no halló respuestas lógicas que admitieran esta inflación en los precios.
“La valoración del presente documento permite observar los principales elementos que inciden en el criterio de ‘excesivo’, como el crecimiento global del costo de la totalidad de partidas, sin que se logre acreditar por parte de la Gerencia Médica una mayor complejidad, cantidad de servicios o mejoras significativas en la contratación actual y que sea medible a través del factor precio.
Adicionalmente, existen limitaciones en torno a la emisión de los criterios sobre el personal de índole administrativo, por cuanto desde el cartel el requerimiento quedó de carácter general, aspecto que se puede observar en la inclusión de personal administrativo que presenta costos excesivos”, reza el texto.
CUESTIONAN INFORME
Estos datos fueron cuestionados por la Asociación de Servicios Médicos Costarricenses (Asemeco), pues argumentó que existen “gruesos errores técnicos” en el proceso de valoración de sus ofertas, así como objetaron las metodologías aplicadas por el Área de Contabilidad de Costos.
“El estudio muestra claras falencias técnicas y de valoración que han atribuido a Asemeco defectos que no corresponden a nuestras ofertas; toda vez que las mismas son razonables y con un precio competitivo. No ha habido un solo acto administrativo debidamente motivado que pueda descalificar nuestra oferta.
Hemos sido absolutamente respetuosos de los precios unitarios que se han definido en Sicop y debe por lo tanto la Administración realizar una valoración total por contratista y analizar individualmente cada perfil, de aquellas ofertas que, como la nuestra, sí aportan la información y los datos que permiten ese estudio”, aseveró Asemeco.
Cabe destacar que el proceso de licitación actual se presenta después de una primera fallida licitación que debió desecharse a causa de una serie de incongruencias y objeciones por parte de los proveedores participantes, la cual fue acogida por la Contraloría General de la República.
No obstante, Asemeco denuncia que en este nuevo cartel licitatorio se mantiene una estructura de fondo similar al anterior, lo cual de nuevo provocó roces entre los proveedores y la institución, pues consideran que mantiene incongruencias que podrían ser riesgosas para ambas partes.
DEFIENDEN AHORRO
Pese a que los informes señalan un aumento en los costos, varias de las cooperativas defienden su eventual adjudicación, argumentando que representaría un ahorro para la Caja.
Por ejemplo, Coopesiba (que compite por la adjudicación de dos áreas de salud en Heredia) señala que su oferta para continuar ofreciendo los servicios de salud a 77.000 asegurados en 17 ebáis de Barva y San Pablo de Heredia le ahorraría a la institución más de ¢2.000 millones al año, por un periodo de 10 años, considerando el monto presupuestado por la institución y publicado en el Sistema Integrado de Compras Públicas (Sicop).
También aseguran que es falso que el costo presentado por la cooperativa sea excesivo, si se compara con el presupuesto planteado por la Caja.
“Es un absurdo completo comparar un contrato con otro, siendo ambos diferentes, a pesar de que hace ese absurdo, Coopesiba es el que menos sobreprecio tendría, un sobreprecio que no existe, el estudio que hace costos hospitalarios no se apega ni a la técnica, ni a la ciencia, ni a la legalidad.
Esa es la situación, es un estudio de razonabilidad de precios que pone en pausa la prestación de los servicios en mejores condiciones para más de 70.000 personas de Coopesiba, no es que sea más cara la oferta, es que no hay parámetro de comparación”, justificó Óscar Abellán, gerente de dicha cooperativa. Asimismo, aduce que existe un aumento de personal en Farmacia, Laboratorio, Registros Médicos, Urgencias, así como en la cantidad de vehículos de transporte médico y administrativo y nuevas plazas en diversos servicios, por lo que el aumento en los costos sí está justificado.
Incluso, subraya que los datos aportados durante esa última sesión de junta directiva señalan un ahorro cercano a los ¢21.000 millones, si se escoge continuar con la tercerización de estos ebáis.
A pesar de los datos, informes y apelaciones que se han presentado en el camino del proceso licitatorio, el panorama continúa siendo confuso, por esta razón la junta prefirió extender el plazo. La decisión tendría que tomarse el próximo 26 de junio; sin embargo, dadas las circunstancias, se instruyó la conformación de una comisión interferencial (logística, médica y financiera) para analizar a fondo el tema.