La Fiscalía Adjunta de Fraudes investiga a exintegrantes de la Cooperativa de Servicios Múltiples Azalea y Turismo R.L. (Coopeazalea R.L.) por créditos ficticios otorgados a funcionarios públicos y documentos falsificados, incluidos pagarés.
Estos préstamos inicialmente estaban respaldados por un contrato de fideicomiso con inversores al parecer colombianos.
Agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) allanaron viviendas de los presuntos cabecillas y de los familiares, oficinas de las cooperativas sospechosas y el banco que participó como fideicomitente, en Santo Domingo de Heredia, Alajuela y San José.
Las autoridades detuvieron a tres hombres de apellidos Ovares, Fernández y Guzmán, quienes ocupaban altos cargos.
Además, trascendió que Coopeazalea cerró y continuó operando por medio de otra organización llamada Coopemun.
LOS HECHOS
Trascendió que en 2014 Coopeazalea se utilizó como plataforma para las presuntas estafas y se financió por medio de fideicomisos de dos empresas de capital colombiano, a través de Banco Improsa, entidad que era fideicomitente.
Asimismo, se giraron dineros a la cooperativa sospechosa, los cuales eran justificados como préstamos a empleados públicos. Para 2020 se habían desembolsado alrededor de $7 millones en supuestos préstamos.
Para ese tiempo el banco fideicomitente remató la cartera de clientes, la cual adquirió Coopeande 5, sin saber de las irregularidades.
Tras adquirir la cartera de clientes e iniciar los cobros correspondientes por los supuestos préstamos a los empleados públicos, muchos de estos denunciaron que no habían adquirido ningún crédito, por lo que comenzaron la investigación para determinar el fraude cometido por Coopeazalea.
En apariencia Coopeande 5 devolvió parte del dinero a los afectados y las autoridades concluyeron que antes de que Coopeazalea cerrara se crearon otras cooperativas para pasar parte de los fondos defraudados.
Además, se presume que en las juntas directivas de las cooperativas sospechosas se mantuvieron familiares de los detenidos.
Se debe recalcar que las autoridades no descartan más detenciones y los aprehendidos fueron remitidos con un informe al Ministerio Público para que se determine su situación jurídica.
MODUS OPERANDI
El modus operandi de los exintegrantes de Coopeazalea consistía en crear deudas inexistentes o aumentar los montos de las existentes utilizando pagarés falsificados.
Esta práctica engañosa hacía creer a los inversores que sus fondos estaban garantizados, cuando en realidad se basaban en deudas ficticias o infladas. Incluso, se llegó al extremo de incluir a personas fallecidas como deudores en los pagarés.
Actualmente la investigación se centra en obtener pruebas documentales financieras y contables, así como evidencia electrónica y digital que respalde los movimientos de estos recursos.
Preliminarmente, el perjuicio económico se estima en más de ¢3.300 millones, con 366 personas identificadas como víctimas hasta la fecha.
“Se busca prueba documental de carácter financiero y de carácter contable, además prueba electrónica y digital que respalde los movimientos que se hicieron de estos recursos”, explicó el Ministerio Público.
COOPEANDE 5
DIARIO EXTRA consultó a Coopeande 5 sobre lo sucedido e informaron que por el momento esta cooperativa no es investigada por ningún hecho delictivo relacionado con el caso Coopeazalea.
“Los hechos investigados por la Fiscalía General de la República se remontan al año 2020, en donde por medio de un remate judicial Coopeande 5 adquirió parte de la cartera Coopeazalea.
Al momento del remate ni las autoridades judiciales ni nosotros conocíamos sobre las irregularidades citadas en los medios con respecto a los créditos.
A los deudores de los créditos que por error se les cobró, se les hizo el reembolso luego de que llevara a cabo los trámites correspondientes.
Coopeande ha cooperado en todo lo que las autoridades competentes han solicitado”, expresó el gerente general Nelson Delgado.
POSICIÓN DEL INFOCOOP
El Instituto Nacional de Fomento Cooperativo (Infocoop) habló con El Periódico del Pueblo y expresó su posición con respecto al tema.
“Nosotros a través del departamento de Supervisión Cooperativa habíamos hecho una auditoría a Coopeazalea y le hicimos algunas recomendaciones. Aquí es importante aclarar que la ley que nos crea a nosotros, las recomendaciones que nosotros emitimos a través de este tipo de auditorías no son de acatamiento obligatorio para las cooperativas.
Entonces son recomendaciones a las que nosotros les damos seguimiento, pero la organización tiene la autonomía de decidir si las acata o no las acata”, comentó Lisbeth Guzmán, encargada del departamento de Comunicación.
Agregó que después de esas recomendaciones también le dieron seguimiento a Coopeazalea.
“Sin embargo, ahora al haber un proceso de investigación judicial nosotros desconocemos los alcances de esta investigación y no podemos ahondar mucho en el tema. Además, como instituto de supervisión sí estamos anuentes a cualquier información que requieran para efectos de la investigación”, acotó.
Por otra parte, este medio consultó sobre Coopemun, cooperativa que también fue allanada.
“En el caso de Coopemun igual se hizo una auditoría con recomendaciones. Sin embargo, al estar en una investigación no podríamos referirnos al tema a fondo”, finalizó.
DIARIO EXTRA también se movilizó al departamento de Organizaciones Sociales, donde logró ver el expediente de Coopeazalea y Coopemun, y en el caso de esta última tenían un acta de secuestro de 2021.
Además, se comprobó que algunos de los detenidos fueron miembros de los consejos de administración de ambas cooperativas.