La Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica (Japdeva) presentó la solicitud de apertura de procedimiento judicial por convención colectiva fracasada, ante el Juzgado de Trabajo de Limón.
Andrea Centeno, presidenta ejecutiva de la institución, indicó que este proceso lo están haciendo con base en los artículos 644 y siguientes del Código de Trabajo.
La presidenta alega que no pudieron dialogar de la mejor manera con el Sindicato de Trabajadores de Japdeva y Afines Portuarios (Sintrajap), por lo que recurrieron a los juzgados. Sin embargo, no será un proceso sencillo.
“Es la primera ocasión en que se declara como fracasado el proceso con la totalidad de artículos de una convención colectiva. Nosotros hubiésemos preferido llegar a un acuerdo proporcionado y con razonabilidad, que continúe respetando los derechos laborales de nuestra gente y, a su vez, considerara el objetivo de dar sostenibilidad a la institución, pero no fue posible”, señaló Centeno.
Según declaraciones de Japdeva, querían negociar con Sintrajap todos los artículos existentes para adaptarlos a la realidad de la institución.
Asimismo, Centeno explicó que, si no se aplica la convención colectiva, podría darse una disminución del 41% del costo de los incentivos en relación a lo cancelado en 2021.
MENOS PERMISOS
Japdeva dio a conocer lo que sucederá con los funcionarios mientras se lleva a cabo este proceso.
Por ejemplo, se dará la suspensión de inyección de recursos de Japdeva al fondo de ahorro y capital de los trabajadores. Así como que se otorgarán vacaciones de acuerdo al Código de Trabajo por lo que tendrán menos días que antes.
De igual manera, habrá cambios en el permiso por matrimonio de hijo o cambio de residencia. También, no aplicaran los subsidios permanentes que se brindaban a los trabajadores incapacitados durante todo el periodo de incapacidad.
BAJA EN COSTO
Por último, Centeno comunicó que se estima que al cierre de 2022 los costos de los beneficios podrían ser de ¢2.197 millones, ocasionando una disminución del 83% comparado con el 2018. Afirmó que en la baja pesaría la reducción de 794 plazas de la planilla institucional por el proceso de reestructuración.
¡ES VIOLENCIA!
– Antonio Wells /Secretario general de Sintrajap
“Doña Andrea actúa de facto. No hemos sido notificados por un juez que la convención colectiva, que es ley especial entre partes, no tiene efecto. Más bien lo que hacen con esto es violentar el estado social de derecho. Irrespetar la libertad sindical que establece el convenio de OIT 87 y el convenio 98, que es el derecho a negociación de convención colectiva, y el derecho que nos da los artículos 60 y 62 de la Constitución Política de nuestro país”.