Fecha de publicación:
Fecha de modificación:
La Dirección General de Tributación (DGT) dejó sin atender la mayoría de los casos con posibles incumplimientos en el pago del impuesto sobre los ingresos y utilidades, además de registrar atrasos en sus actuaciones y recuperar una proporción reducida de los montos estimados como adeudados.
Así lo señala la auditoría de la Contraloría General de la República (CGR) sobre el control tributario del pago del impuesto sobre los ingresos y utilidades del Ministerio de Hacienda.
“Las acciones de control extensivo ejecutadas por el Ministerio de Hacienda en el período de 2023-2026 no han sido eficaces para promover el cumplimiento tributario del Impuesto sobre los Ingresos y Utilidades, lo cual se evidencia en debilidades en cobertura, oportunidad y efectividad de dichas acciones”, indica el documento.
Los riesgos detectados incluyen contribuyentes que omitieron presentar declaraciones, reportaron gastos improcedentes para pagar menos impuestos, subdeclararon ingresos o declararon renta bruta en cero pese a emitir facturas electrónicas.
También se identificaron posibles incumplimientos relacionados con retenciones salariales no declaradas o reportadas por montos inferiores a los correspondientes. Los seis riesgos suman cerca de ¢1,8 billones en recursos.
En los últimos cuatro años, la Administración Tributaria identificó más de 781 mil casos con posibles irregularidades, pero únicamente planificó controles extensivos para 23 mil de ellos, equivalentes al 3% del total.
Además, la Contraloría resalta que las acciones de control ejecutadas pasaron de 1.767 en 2023 a 2 en 2025. En 2026 hubo un repunte a 193, aunque la cifra sigue muy por debajo de la registrada en el primer año del período.
“La reducción en la cobertura se relaciona con la reasignación, a partir de 2023, del personal que realizaba funciones de control extensivo hacia labores de cobro. Como consecuencia de esa decisión, se ajustaron las metas programadas para el control extensivo y no se iniciaron nuevos procesos de liquidación previa y se suspendieron aquellos que se encontraban en trámite”, agrega el ente contralor.
Uno de los principales vacíos se presentó en la subdeclaración de renta. Aunque Tributación identificó casos en los que los ingresos declarados no correspondían a los parámetros del sector económico, no ejecutó controles para atender ese riesgo durante el período evaluado.
En cuanto a la omisión de declaraciones, una cuarta parte de los contribuyentes omisos presentó la declaración después de recibir mensajes persuasivos de la institución.
“La cobertura limitada de los tratamientos reduce el alcance del control extensivo sobre contribuyentes que, conforme al análisis de riesgo, ameritan una actuación de control, lo que limita la capacidad de promover la corrección de los incumplimientos identificados y mantiene expuesta la recaudación asociada a dichos riesgos”, advierte el informe.
Demoras en las actuaciones y recuperación
La CGR también encontró demoras en las gestiones para corregir las irregularidades. Las liquidaciones previas, cuyo plazo establecido es de 67 días hábiles, no siempre se completaron dentro del tiempo previsto.
En los casos de contribuyentes que declararon renta bruta en cero pese a emitir facturación electrónica, los procesos tardaron entre 63 y 294 días hábiles.
En las retenciones salariales no declaradas o reportadas por un monto menor, los procedimientos tomaron entre 56 y 191 días hábiles, aunque se registraron casos extremos de hasta 600 días hábiles.
“Las demoras prolongan el tiempo durante el cual los incumplimientos identificados permanecen sin una respuesta de control y reducen el margen disponible para ejercer las facultades de determinación y cobro. Asimismo, la acumulación de actuaciones pendientes puede afectar la capacidad para atender nuevos casos e incrementar el riesgo de que transcurran los plazos de prescripción”, señala la Contraloría.
La recuperación de los montos estimados como adeudados también fue reducida. En los casos relacionados con gastos improcedentes, Hacienda recuperó el 2,3% de lo estimado; en las liquidaciones previas por retenciones salariales omitidas, el 4,7%; y en los casos de renta bruta declarada en cero pese a existir facturación electrónica, el 2,9%.
El Ministerio de Hacienda estimó un monto potencial no recaudado de ¢87 mil millones entre 2023 y junio de 2026.