Fecha de publicación:
Fecha de modificación:
En el inconsciente ciudadano se tiene la equivocada creencia de que la Asamblea Legislativa está predestinada y obligada a solo aprobar o improbar proyectos de ley.
El constituyente en 1949 otorgó a los diputados de la República el mecanismo del control político. Ni más, una herramienta que ejerce pesos y contra pesos entre los poderes de la República. Un instrumento que deriva de los sistemas parlamentarios y que permite a los diputados, y a través de ellos, a los ciudadanos llevar el pulso del quehacer público.
¿Por qué es la Asamblea Legislativa la depositaria de tan importante tarea? Se explica porque el Congreso es el poder en donde el pueblo, como soberano, deposita su representación.
Y ese control político, que se delimita a la función pública, se aplica a la fiscalización hacendaria y administrativa.
De acuerdo con el principio de la división de poderes y el artículo 105 de la Constitución Política, el Parlamento simplemente debería realizar funciones legislativas; no obstante, por su carácter representativo, los contribuyentes también le confiaron otras competencias, entre las cuales sobresale la función contralora.
En su libro “El Control Parlamentario”, el ex diputado Alex Solís nos señala: …Engrandecer a la Patria, denunciando a los corruptos, exigir responsabilidades a quienes se apartan del ordenamiento jurídico y denunciar la mentira de quienes prometen una cosa en campaña política y hacen otra al llegar al Poder no es para espíritus débiles. Por el contrario, es una tarea para los más fuertes, para todos los que ven en la función pública una oportunidad de servirle a Costa Rica, orientados sólo por los principios de la honradez, la responsabilidad, el trabajo y la verdad”…
Con esta frase, el ex diputado Solís nos refuerza la importancia del deber constitucional del legislador de ejercer el control político, pero a la vez nos recuerda que el ejercicio de este debe ser responsable y transparente.
En las últimas semanas y a propósito de los cuestionables e ilegales hechos alrededor de la creación de la Unidad Presidencial de Análisis de Datos (UPAD) este diputado y otros impulsamos acciones concretas de control político contra jerarcas de la presente administración, incluido el Presidente de la República, Carlos Alvarado Quesada.
Algunas tuvieron éxito, otras fueron desechadas como ocurre cuando las mayorías se pronuncian en la Asamblea Legislativa. Votos de censura contra ministros, interpelaciones y creación de una comisión investigadora, que ya está funcionando.
Todas herramientas válidas de esa atribución que el constituyente entregó a los diputados de la República.
No obstante, parece que para el mandatario Alvarado, sus ministros y su bancada legislativa esas acciones son una pérdida de tiempo, un show político y una distracción para los temas importantes. Esto a pesar de que han insistido en la apertura de que se investigue todo alrededor de la nefasta UPAD.
Llama poderosamente mi atención que el Partido Acción Ciudadana (PAC) que construyó y cimentó su caudal electoral en el ejercicio del control político, desde su primera aparición en la contienda electoral en las elecciones nacionales de 2002, ahora lo demerite.
Un ejercicio muchas veces irresponsable y revanchista. Con un tufo a cálculo político siendo oposición. Siendo gobierno y con seis años de ejercicio formal del poder. El PAC muestra otra cara y otra forma de ver y ejercer el control político.
Buscaron argucias y argumentos para evitar la aprobación de votos de censura contra dos ministros por el caso de la UPAD.
En las primeras sesiones de la comisión legislativa que investiga los hechos alrededor de la creación de la UPAD el silencio de los comparecientes es la constante. Y diputados oficialistas buscan y rebuscan argumentos para justificar ese silencio.
Tampoco la judicialización de la política debe impedir que se ejerza el control político, argumento utilizado por el PAC ya que hay denuncias penales contra autoridades y ahora ex autoridades del Poder Ejecutivo.
A esa estrategia de demeritar el ejercicio del control político se unen medios de comunicación que buscan bajarle el nivel a los hechos.
Tengo la convicción, de que la Asamblea Legislativa necesita más herramientas de control político. Es por ello que presenté a la corriente legislativa una reforma a fin de que si una mayoría calificada de diputados, así lo determina, censuran a un ministro; signifique su destitución inmediata de su cargo.
El control político responsable, también brinda, a través de los medios de comunicación, una ventana para enterar a la ciudadanía de irregularidades en la función pública. Una posibilidad vedada cuando se recurre a la instancia judicial.
Desde la creación de la primera comisión que investigó los problemas relacionados con el narcotráfico en Costa Rica, pasando por la comisión que investigó la quiebra del Banco Anglo, las irregularidades en Fodesaf, Compensación Social y Aviación Civil, irregularidades de los partidos políticos con manejo de la deuda política en las elecciones nacionales, hasta el caso del “cementazo” entre muchos otros. La Asamblea Legislativa ha sido fiscalizadora y vitrina de hechos irregulares en la función pública.
Una labor delimitada ya que no tiene sanción ni efectos jurídicos vinculantes pero si de naturaleza política y moral. No obstante, eso quiera decir que los diputados, si encuentran un hecho delictivo, envíe un informe al Ministerio Público para que se ejerza la acción penal que corresponda.
Es hora de adecentar la política en Costa Rica y una forma de hacerlo es fortalecer e impulsar los espacios para el control político responsable.
Como lo dijo Sir Winston Churchill. Las críticas no serán agradables, pero son necesarias.
*Diputado Independiente