Los contribuyentes tienen la posibilidad de demandar al Estado tras el hackeo hecho por el Grupo Conti al Ministerio de Hacienda. Expertos tributarios hablan de dos presuntos delitos por faltas al deber de probidad e incumplimiento de deberes.
Estos se encuentran contemplados en la Ley contra la Corrupción y Enriquecimiento Ilícito y el Código Penal. Además, podría revisarse también lo dispuesto en el Código de Normas y Procedimientos Tributarios en lo relativo al manejo confidencial de la información.
Mario Hidalgo, socio de Impuestos y Legal de Grant Thornton, dijo que, en cuanto a esto último, habría que demostrar que un funcionario o un grupo de ellos facilitaron información indebidamente.
“Habría que probar que hubo una participación en los hechos porque la ley dice que Hacienda y sus funcionarios deben guardar sigilo con la información”, advirtió.
No obstante, a criterio del experto, el hackeo per se implica que hay una responsabilidad objetiva del Estado porque se debía revistar todo lo que fuera impensable para resguardar la información.
“La administración debe tener los mecanismos necesarios para garantizarlo. Si un ciudadano resulta perjudicado por una información o hay alguna extorsión, hay responsabilidad objetiva del Ministerio. El contribuyente podría demandar al Estado por una falta al deber de probidad”, dijo.
Hidalgo recordó que los Ministerios no tienen responsabilidad jurídica, de modo que en este caso el deber recaería sobre la figura del ministro de Hacienda, que para estos fines sería Elián Villegas.
“¿Por qué se incurre en una responsabilidad? Porque no hubo sigilo de la información. Con solo ingresar al sistema se refleja que no tenía los controles o cuidados indispensables. No es una excusa decir que le quitaron el presupuesto”, recalcó.
Para Francisco Villalobos, socio director de ICS y exdirector de Tributación, tocaría a la Contraloría General de la República hacer una investigación para ver si luego de hechas una serie de advertencias en el año 2019, la administración las acató o dejó vacíos.
“Si hubo recomendaciones específicas que no fueron acatadas, eso genera un daño no solo al Estado, sino a la ciudadanía, pero claramente tiene que haber una investigación que pruebe eso. Si algunas acciones no se cumplieron podría caber una sanción contra funcionarios”, añadió.
DIARIO EXTRA dio a conocer en 2019 un informe del órgano contralor donde dejaba claro que los sistemas del Ministerio de Hacienda eran susceptibles a hackeo.
Parte de los sorprendentes hallazgos fueron que había más de 5.000 cuentas de usuarios activas que no correspondían a funcionarios de Hacienda. Además, se detectaron 4.200 vulnerabilidades de las que 2.160 fueron identificadas como críticas.
MEDIDAS INSUFICIENTES
Como una verdadera crisis que requiere la activación de todos los protocolos que exige una emergencia nacional, así calificaron los industriales de alimentos y bebidas la grave situación de paralización de los procesos aduaneros con los que actualmente lidia el Ministerio de Hacienda.
En una nota enviada al jerarca de la cartera, Elián Villegas, los empresarios de la industria alimentaria han señalado que se empieza a generar un escenario de gran incertidumbre que provoca el cierre de líneas de producción a falta de materias primas, ingredientes, insumos, equipos y materiales de empaque que no encuentran salida en las caóticas aduanas de nuestro país.
Según Juan Ignacio Pérez, presidente la Cámara Costarricense de la Industria Alimentaria (Cacia), el Poder Ejecutivo debe evitar a toda costa la disrupción de la cadena de abastecimiento necesaria para la producción que atiende necesidades básicas de la población, tal es el caso de los alimentos y bebidas.
“Debemos actuar con medidas efectivas antes de que la población empiece a ver góndolas y puntos de venta vacíos”, indicó Pérez.
Para los empresarios, las medidas anunciadas durante los últimos días son insuficientes, puesto que muchas compañías reportan la imposibilidad de planificar la producción a falta de los insumos que se encuentran entrabados en procesos administrativos que no encuentran salida ni flexibilidad por parte de Aduanas.