La diputada liberacionista Franggi Nicolás aseguró sentirse “extrañada” de que la Contraloría General de la República (CGR) emitiera una opinión donde critica el proyecto de ley que limitaría el salario de las presidencias ejecutivas y altos mando de la función pública.
Se trata de una iniciativa que propuso dicha legisladora y que se encuentra en la Comisión Ordinaria de Asuntos Jurídicos.
EL PROYECTO
El proyecto propone limitar el salario de los altos jerarcas del sector público, tomando en cuenta que el Presidente de la República, al ser la figura mayor en la política, sería el sueldo más alto dentro de la administración pública.
“Tenemos una enorme desproporción entre los niveles de responsabilidad por los cuales se remunera a estos funcionarios, verdaderamente opulentos, a los cuales se les encomienda dirigir un departamento, una empresa pública, un ente regulador, una superintendencia o un banco, por lo que reciben salarios uno, dos, tres, cuatro y hasta diez millones por encima del salario del Presidente de la República”, justifica Nicolás en la iniciativa.
El texto modificaría los artículos 26, 42, 43 y 44 de la Ley de Salarios de la Administración Pública, así como la ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas que se aprobó en 2018.
MODIFICACIONES
Los cambios se reflejan en tres aspectos, en especial en la prohibición de los gastos de representación.
“Se excluye de esta norma los funcionarios que estén en misión diplomática en el exterior”, señala la iniciativa.
Para los puestos de elección popular, jerarcas y funcionarios institucionales, el tope sería de 20 salarios base, es decir, cerca de ¢9.244.00
En el caso de las juntas directivas, el salario máximo sería de ¢4.622.000 y solo podrán recibir un pago por dieta o viáticos, no ambos a la vez.
CRITERIO
La CGR, por su parte, menciona que el proyecto requiere de mayor análisis y una mejor estructuración del texto.
“De acuerdo con la exposición de motivos, no queda claro si lo que se busca es que a estas instituciones les rija únicamente lo relacionado con el límite máximo de remuneraciones, o todo lo dispuesto en el capítulo”, señala el análisis.
Además, el ente contralor menciona que la normativa no sería aplicable a todas las instituciones por igual, ya que algunas son sujetas a derecho privado, es decir, tienen su propio régimen jurídico de relaciones laborales.
En el caso de las empresas municipales y Sociedades Públicas de Capital Mixto, se deben definir los límites de alcance del proyecto.
“Sobre el cambio en los límites de remuneraciones para los miembros de juntas directivas y funcionarios de instituciones en competencia, se reitera la necesidad de una justificación sobre la decisión de cambiar el esquema introducido originalmente por el legislador”, argumenta la CGR.
Según dicha entidad, la justificación de Nicolás para la eliminación de los gastos de representación para todo el sector público no es suficiente.
Pide que la diputada dé un mejor fundamento a la modificación de las leyes propuesta, “por cuanto los ajustes normativos requieren una sólida justificación técnica que explique la necesidad del cambio”, concluye el ente contralor.
DIFIERE
La diputada, por su parte, considera que la Contraloría debería ver con buenos ojos el proyecto, ya que según afirma, traería un ahorro a las arcas del Estado.
“Hay una suficiente y válida justificación para que este país, si realmente quiere ordenar la casa, debería dejar de pagar gollerías y privilegios a dioses del Olimpo en la función pública en cuanto a jerarcas que reciben salarios de ¢6, ¢11 y hasta ¢16 millones, mayores incluso, en algunos casos, que el presidente de los Estados Unidos”, aseveró Nicolás.
La verdiblanca criticó que ese tipo de salarios son insostenibles, principalmente porque el gobierno impulsa proyectos para que la ciudadanía pague más impuestos, pero no limita los millonarios salarios.