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Los proyectos financiados con recursos del canon de explotación que administra el Instituto Costarricense de Puertos del Pacífico (INCOP) no garantizan una contribución efectiva al turismo de Puntarenas ni el uso económico de los fondos, según una auditoría de la Contraloría General de la República (CGR).
El informe DFOE-CIU-IAD-00004-2026 concluyó que se desconoce el aporte de las inversiones al desarrollo turístico y que no se garantiza la obtención de bienes, servicios y obras en las cantidades apropiadas y al menor costo posible. El INCOP recibió aproximadamente $41 millones provenientes de este canon entre octubre de 2006 y abril de 2026.
Uno de los principales hallazgos es que el 70% de los 37 proyectos analizados en los últimos 10 años no muestra énfasis en la actividad turística. La auditoría también determinó que no se establecen de manera consistente los resultados turísticos esperados ni se evalúa su cumplimiento una vez ejecutadas las inversiones.
La Contraloría señaló que el Instituto Costarricense de Turismo (ICT) se ha limitado a otorgar avales de vocación turística, sin análisis cuantitativos que permitan respaldar el aporte de las obras. Además, las recomendaciones del ICT no son vinculantes para la decisión final de la Junta Directiva del INCOP.
El informe advierte que esta situación dificulta comprobar que los recursos se destinen a proyectos con mayor contribución al sector. También señala que el INCOP no solicita ni da seguimiento a los informes anuales sobre el estado de las obras que deben presentar sus gestores.
Inversiones concentradas
La auditoría identificó una distribución territorial limitada. De los 14 centros de desarrollo turístico de la provincia, cinco concentraron el 75,64% de los recursos asignados, mientras que otros cinco no recibieron financiamiento. Entre estos últimos hay zonas cercanas a distritos con atractivos turísticos, como Bahía Ballena, Cóbano y Jacó.
Además, únicamente 13 de los 60 distritos de Puntarenas recibieron recursos del canon. La Contraloría encontró diferencias de hasta ¢5 mil millones entre centros de desarrollo turístico, sin que el INCOP justificara técnicamente la asignación.
El documento también indica que la versión más reciente del portafolio de inversión del fideicomiso incluía 14 proyectos concentrados en cinco de los 13 cantones de la provincia. La mitad de esas iniciativas se ubicaba en el cantón central de Puntarenas.
Sobre las consecuencias, el informe advierte que la concentración de recursos limita la posibilidad de distribuir los beneficios del turismo entre las comunidades. También señala que podrían mantenerse brechas en infraestructura y servicios turísticos, así como desaprovecharse oportunidades para desarrollar destinos con potencial.
Diferencias en obras
En materia de costos, la CGR encontró diferencias de hasta un 220% en las cantidades de insumos de 11 proyectos analizados. Las variaciones se relacionaron con debilidades de planificación que obligaron a eliminar, sustituir o incorporar actividades durante la ejecución.
Asimismo, en siete proyectos se registraron modificaciones acumuladas en la estructura de precios de hasta un 56% del monto contractual original. El análisis también identificó aumentos de hasta un 53% entre el costo inicial y el final de algunas obras.
La auditoría determinó que ninguno de los 26 proyectos examinados contaba con una base homogénea y confiable para valorar la razonabilidad de los precios. En algunos expedientes faltaban cotizaciones previas, cuadros comparativos y presupuestos desagregados que permitieran reconstruir las estimaciones.
La Contraloría resumió el riesgo de estas deficiencias al indicar que “se potencia el riesgo de sobrecostos durante la ejecución de los proyectos, así como la existencia de modificaciones que afectan el alcance y los resultados esperados”.
El informe agrega que las debilidades pueden llevar a contratar bienes, servicios u obras a precios alejados de los valores de mercado y dificultar la rendición de cuentas.
Como parte de las disposiciones, la CGR ordenó ajustes en las metodologías para seleccionar proyectos y determinar su vocación turística, así como implementar mecanismos de seguimiento de las obras y procedimientos para controlar cantidades, precios y costos.
El informe de la Contraloría General de la República (CGR) permite desarrollar la nota con tres ejes: la falta de evidencia sobre el aporte turístico de los proyectos, la concentración territorial de las inversiones y las debilidades en el control de precios y cantidades.
Una limitación importante: el archivo adjunto contiene el informe de auditoría, pero no las entrevistas. Por eso, no voy a inventar declaraciones ni atribuirle frases a voceros. La nota incorpora citas textuales del documento para explicar las consecuencias identificadas por la Contraloría. Si compartís las entrevistas, puedo integrarlas y alternar las voces según tus indicaciones.