Contraloría señala al AyA y Aresep por desorden en facturas

Un total de ¢65.401 millones es el monto que los ciudadanos han pagado de más en sus recibos de agua debido a cobros por infraestructura que ya agotó su vida útil y a errores sistemáticos en el cálculo de las tarifas por parte de las autoridades encargadas.

Esta cifra se compone de cobros improcedentes por ¢38.816 millones en el servicio de alcantarillado, ¢511 millones en hidrantes y un perjuicio financiero de ¢26.074 millones en el servicio de acueductos por conceptos de gasto por depreciación y rédito para el desarrollo que no corresponden a la realidad operativa, según reveló la Contraloría General de la República (CGR).

Tras una auditoría especial, la entidad detectó una serie de inconsistencias y señaló graves fallas en la gestión del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA), así como una débil fiscalización por parte de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep). “Se determinó que la base tarifaria del servicio de agua potable incorpora revaluaciones de activos que no consideran su estado real y la permanencia de bienes totalmente depreciados que ha generado cobros improcedentes a las personas usuarias”, expresó Lía Barrantes, gerente de Fiscalización para el Desarrollo Sostenible de la CGR.

El informe concluye que existe un incumplimiento generalizado del marco normativo y técnico, lo que impide asegurar que las tarifas actuales reflejen los costos e inversiones necesarios y eficientes para la prestación de los servicios públicos esenciales.

Usuarios pagan por tuberías viejas que pierden agua

La infraestructura que sostiene el servicio de agua en el país presenta un deterioro alarmante que, sin embargo, se traduce en facturas elevadas para los abonados, según los hallazgos.

“Los abonados del servicio de alcantarillado siguen pagando por 5.909 activos completamente depreciados cuya inversión ya fue recuperada por el AyA, por un monto estimado al 2026 de ¢38.816 millones”, detalla el documento.

Esta situación se repite en el servicio de acueducto, donde, según el texto, la Aresep mantiene dentro de la base tarifaria un total de 9.435 activos que ya agotaron su vida útil y cuya inversión fue recuperada por el operador mediante las tarifas cobradas entre 2019 y 2025.

Además del cobro por equipos obsoletos, los usuarios enfrentan las consecuencias de una red de tuberías sumamente antigua. La Contraloría advirtió que el ente regulador cuestionó la magnitud de los incrementos solicitados para infraestructura instalada entre 1950 y 1980, cuya vida útil fue extendida de forma artificial hasta en 40 años adicionales.

“Estos activos presentan un deterioro físico significativo, especialmente las tuberías, cuya condición genera pérdidas superiores al 50% del caudal transportado”. Sin embargo, pese a este panorama, los ajustes por revaluación de activos representan actualmente el 21% de lo que pagan los abonados en su tarifa mensual.

Desorden financiero deja un hueco en el AyA

La gestión financiera interna del Instituto atraviesa una crisis de trazabilidad que amenaza su sostenibilidad a corto plazo. Por ello, la auditoría señala que “a partir del próximo año el servicio de acueducto registraría un déficit superior a los ¢34 mil millones, originado mayoritariamente por costos en inversión y aumento en el pago de la deuda”.

Este vacío financiero se agrava porque la institución administra sus ingresos como una “cuenta común”, mezclando los excedentes de distintos servicios para cubrir pérdidas de otros, lo que configura subsidios cruzados no autorizados por la ley, situación que impide conocer con certeza el destino de los recursos captados a través de las facturas.

De acuerdo con el documento, “el AyA administra el superávit de cada período como un único monto institucional al que denomina Fondos corrientes, sin determinar ni segregar la porción de los recursos que le corresponde a cada servicio regulado”.

Esta falta de transparencia, según la CGR, pone en riesgo la ejecución de megaproyectos estratégicos como la Quinta Etapa para el Acueducto Metropolitano (PAAM) y el Programa de Saneamiento en Zonas Urbanas (PROSAR), lo que profundizaría las brechas territoriales en el acceso al agua potable.

Aresep mantiene tarifas desactualizadas

El rezago en la actualización de las tarifas es otro de los puntos críticos señalados. La Contraloría determinó que “mientras los servicios de acueducto, alcantarillado e hidrantes acumulan 8, 9 y 11 años, respectivamente, sin presentar estudios tarifarios ordinarios, los servicios conexos alcanzan hasta 21 años de rezago”.

Esta inacción sistemática ha impedido que se realicen las liquidaciones tarifarias necesarias para determinar posibles saldos a favor de los usuarios, manteniendo retenidas devoluciones de dinero que legalmente les corresponderían.

Las autoridades determinaron que la responsabilidad es compartida pues, aunque el AyA ha omitido presentar los estudios anuales obligatorios, la Aresep no ha ejercido plenamente su potestad de realizar fijaciones de oficio efectivas. La situación es tal que, cuando el ente regulador intentó intervenir, los procesos se archivaron porque el operador no entregó datos contables confiables.

Zona más afectada

Según el informe de la CGR, las líneas de distribución en la Región Huetar Caribe presentan un 70% de agua no contabilizada, a pesar de que sus activos fueron revaluados contablemente en un 14.446%.

Niegan pagos extras

Tras confirmar haber recibido la información, la Aresep señaló a este medio encontrarse bajo el análisis de la información, por no que no se referirían a fondo.

“No obstante, Aresep rechaza las afirmaciones relacionadas con presuntas omisiones regulatorias. La situación tarifaria del AyA ha sido analizada de manera consistente, de conformidad con las metodologías regulatorias vigentes, aprobadas con anterioridad al período objeto de estudio de la CGR”.

Malinterpretación de datos

Consultados por Grupo Extra, el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) señaló que los hallazgos de la CGR se tratan de problemas con la interpretación de la información.

“En este momento lo estamos analizando para verificar si incorpora las observaciones y correcciones que solicitamos. La semana pasada sostuvimos una exposición ante la Contraloría, ya que identificamos algunos aspectos que estaban siendo interpretados de manera distinta a lo que corresponde”, detalló la institución.

Lía Barrantes

Contraloría General de la República

“Se hallaron tarifas desactualizadas con rezago de hasta 21 años por no presentar estudios ante la Aresep y por no suministrar información suficiente, confiable y oportuna, lo cual amenaza su equilibrio financiero y la prestación futura de los servicios”.