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La Contraloría General de la República (CGR) se desligó de las declaraciones del presidente Rodrigo Chaves y de autoridades de la Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica (Japdeva) sobre la improbación parcial del Presupuesto Extraordinario 2-2025.
Sussy Wing, presidenta ejecutiva de la entidad, aseguró que se habían rechazado dos iniciativas de inversión pública que estaban en ese portafolio económico.
Sin embargo, el órgano contralor aclaro que este monto (cercano a los ¢6 mil millones) estaba destinado a la compra de equipo que no puede financiarse con recursos del canon portuario, ya que esos fondos están reservados para proyectos de inversión y desarrollo social inscritos en el Mideplan, no para sustituir maquinaria de uso ordinario.
“Lo indicado por usted intenta desconocer lo dispuesto en la Ley de Concesiones y en el contrato de Concesión de la TCM sobre la finalidad de uso de los recursos del canon”, señaló la CGR.
La institución recordó que desde el 2024 había advertido a Japdeva sobre la necesidad de acudir a otras fuentes de financiamiento para cubrir gastos operativos, como las tarifas aprobadas por Aresep para la atención de buques, incluidos cruceros.
También desmintió haber calificado el dragado de canales como una actividad privada, al afirmar que esa competencia está reconocida desde la creación de Japdeva en 1963.
“¿Mantener los canales no es inversión pública? ¿Quién lo va a hacer? ¿el pulpero? Doña Sussy tiene razón de estar indignada”, aseguró Chaves en conferencia de prensa.
En su oficio DFOE-CIU-0459-2025, la Contraloría cuestionó además la subejecución de recursos del canon, al indicar que entre 2019 y 2024 la entidad ejecutó apenas el 2,67% de los ¢38 mil millones aprobados.
El órgano contralor recordó que el 84% de los distritos de Limón registra un desarrollo socioeconómico bajo o muy bajo y reclamó soluciones concretas en lugar de discursos con datos inexactos.
Durante el Consejo de Gobierno en
el Caribe, el presidente Chaves cuestionó a la contralora y afirmó que “nunca le iba a perdonar” la obstrucción en la provincia, al acusarla junto con los diputados de impedir la construcción de la nueva marina.