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La Contraloría General de la República (CGR) desmintió los señalamientos del Presidente Rodrigo Chaves, y del ministro de Agricultura y Ganadería, Víctor Carvajal, quienes señalaron al órgano contralor de obstaculizar la colocación de escáneres en puertos y puestos fronterizos.
La institución señaló que nunca han frenado el proyecto y, por el contrario, advirtió que las razones del atraso corresponden a decisiones tomadas por el propio Gobierno.
“¡Una mentira más! No es cierto que se obstruye la instalación de escáneres. Los retrasos y la inacción que hoy afectan al país son responsabilidad del Gobierno, quien debe tomar decisiones y ejecutar las acciones necesarias. Desinformar y culpar a otros solo confunde a la ciudadanía y debilita la confianza pública”, aseguró la Contraloría.
De acuerdo con la CGR, desde el año 2020 el país contaba con un crédito externo de hasta $25 millones aprobados para adquirir e instalar los equipos de inspección. Sin embargo, en febrero de 2024 el Ministerio de Hacienda resolvió no utilizar esos recursos, dejando el proyecto sin financiamiento.
Otro de los señalamientos se relaciona con la forma en que se intentó adjudicar la compra. Según el órgano, el Ejecutivo buscaba utilizar a Radiográfica Costarricense S.A. (Racsa) como intermediario para asignar los contratos sin concurso público, lo que hubiese permitido contratar a dedo a empresas privadas.
Este esquema, explicó, impedía garantizar la idoneidad de los proveedores y las mejores condiciones para el manejo de recursos estatales.
La Contraloría además reveló que, pese a los cuestionamientos del Gobierno, Costa Rica mantiene sin uso dos escáneres donados desde noviembre de 2024 valorados en casi ¢1.900 millones. Los equipos permanecen guardados y sin instalar, lo que a juicio de la institución compromete la seguridad y eficiencia de los controles aduaneros.
