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La Contraloría General de la República no encuentra congruente un proyecto de ley que pretende declarar de interés público una estrategia para el desarrollo turístico y hotelero en Limón.
Se trata de la iniciativa 22.387 que impulsan varios diputados, entre ellos Eduardo Cruickshank. El texto establece la promoción de la infraestructura y las inversiones de turismo en la zona con énfasis en la industria hotelera.
Lo anterior bajo un esquema de desarrollo sostenible y un manejo responsable del medio ambiente, que fortalezcan la condición social y económica de los seis cantones de la provincia. Añade que el Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica, de manera directa o por medio de cooperación no reembolsable, podrá financiar los estudios necesarios para el diseño y ejecución de la Gran Estrategia de Desarrollo Turístico Integral y la Zona Hotelera en la Provincia de Limón.
Entre las justificaciones se encuentra que la provincia es la de menos desarrollo social y económico del país, y que por años ha sufrido una desatención significativa, a pesar de ser la principal entrada del comercio y de sus bellezas naturales.
Se dice que Limón no cuenta con una infraestructura de tan alta calidad como otras regiones como Puntarenas, Guanacaste y Alajuela, de ahí que se haga este planteamiento.
No obstante, la Contraloría determinó que la redacción de esta propuesta de ley es ambigua, pues su motivación refiere a un plan de desarrollo turístico y un plan maestro de turismo integral, mientras que el articulado trata de la Gran Estrategia de Desarrollo Turístico Integral y la Zona Hotelera en la Provincia de Limón.
“En consecuencia, no se establece con claridad el objeto que se pretende declarar de utilidad pública”, señala.
También cuestiona que se proponga una Zona Hotelera Internacional al sur de la ciudad de Limón y un Plan Maestro de Turismo Integral en 25 kilómetros de costa, entre el aeropuerto y Cahuita-Manzanillo, que atraiga inversión y divisas en el litoral caribeño, y que por otro lado se indique que van a beneficiar a toda la provincia.
Igualmente el órgano contralor encuentra falta de claridad a la competencia del Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica para efectuar el financiamiento que se propone, en consideración de las atribuciones que le otorga la Ley de Planificación Nacional.
“No determina las personas y entidades que se beneficiarán con tales fondos públicos, pues adolece de regulaciones que definan y limiten los beneficiarios. Todo ello sin que esté debidamente explicado en la exposición de motivos, lo cual resulta incongruente con el articulado”, señala la Contraloría.
La recomendación que se hace a los diputados es que se subsanen estos vacíos y se haga un nuevo planteamiento.