La Contraloría General de la República (CGR) presentó una consulta ante la Sala Constitucional sobre el proyecto de Ley No. 24.467 “Ley Jaguar para el impulso del desarrollo de Costa Rica”, conocida como Ley Jaguar 2.0
Del mismo modo, pidió criterio ante Sala Constitucional por el expediente que actualmente está en trámite en la Sala IV por la consulta formulada por el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE).
Desde la CGR afirman que el nuevo texto ya que busca “cercenar y nunca fortalecer sus competencias de la CGR ni el régimen de responsabilidad de la Administración”. Además, aseguran que se está presentando un nuevo texto sin conocer la resolución integral de la Sala Constitucional respecto a la primera propuesta que fue declarada como “inconstitucional”.
Otro motivo para la consulta es que el objetivo y alcance de la propuesta de Gobierno “alude a un fin distinto al que se desprende del texto” y las modificaciones planteadas “serían inconstitucionales”
Igualmente, consideran que la propuesta “cambia las bases y parámetros establecidos en el principio de legalidad (juridicidad), y a su vez uno de los postulados del Estado de Derecho”.
“Intenta la reducción de la autonomía del Derecho Público al incorporar criterios del régimen del Derecho Privado. Implicando, además, una variación sustancial del rol de la Contraloría General de la República, al utilizar verbos que intentan delimitar competencias, y más bien provoca -en términos prácticos- una restricción sustancial y transversal a todas las funciones de la Contraloría General, y a su vez, una indeterminación, incoherencia, incertidumbre e inseguridad jurídica a un nivel desproporcionado e irrazonable, haciendo nugatorio el cumplimiento de las competencias constitucional y legalmente establecidas”, señala.
Además, consideran que el contenido “genera inseguridad jurídica, lo que afectará negativamente a los destinatarios en su futura aplicación”.
Precisamente, la nueva Ley Jaguar modifica la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República (CGR) para que no pueda ejercer funciones relacionadas a asuntos de la Administración activa. Las instituciones del Estado no estarán obligadas a acatar las órdenes de la CGR.
Además, el artículo número 4 del nuevo texto modifica el artículo 67 de la Ley General de Contratación Pública (9.986) para que se permitan arrendamientos hasta por 30 años. Además, se podrá comprar o alquilar “edificaciones “por construir, en proceso de construcción o construidos” incluso en terrenos públicos. Igualmente, permite “procedimientos especiales” para compras (diferentes a licitaciones). El Gobierno señala que, con ese mecanismo, podría avanzar con la construcción de Ciudad Gobierno.
Finalmente, el “segundo Jaguar” modifica la Ley Orgánica de Japdeva. Dicha propuesta permitiría convenios por 50 años para “desarrollar inversiones de infraestructura”. Además, acuerda “alianzas estratégicas” ya sea dentro o fuera del país. Finalmente, permitiría vender consultorías, capacitaciones y otros productos o “servicios afines”. La propuesta permitiría el avance de la Marina y Terminal de Limón.