Contraloría objeta proyecto del Ejecutivo sobre minería en Crucitas

La Contraloría General de la República (CGR) objetó el proyecto de ley para permitir la exploración y explotación de la minería metálica a cielo abierto en el distrito de Cutris del Cantón de San Carlos. 

El texto de ley, impulsado por Casa Presidencial, sugiere la creación de subastas públicas para la extracción de minerales, recuperación del oro residual y la creación de un fideicomiso estatal para financiar obras comunales mineras. 

Finalmente, permitiría titularizar el valor del oro en roca dura mediante activos digitales. 

No obstante, la Contraloría señala que, aunque la propuesta podría ser relevante, “carecen de un fundamento técnico sólido”. 

“No se presentan estudios técnicos, científicos ni evaluaciones de impacto que respalden la viabilidad de las acciones propuestas. Tampoco se presentan análisis que respalden su efectividad en términos ambientales, sociales y económicos. En ese sentido, la falta de un respaldo técnico adecuado podría poner en riesgo la correcta ejecución de las acciones, comprometer y dificultar la consecución de los objetivos sociales y económicos del proyecto”, señala el oficio DFOE-SOS-0207.

Otro punto criticado por es que no existe coordinación con el Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (Mideplan).  Caso similar con otras 17 instituciones que son incluidas dentro del proyecto, sin embargo, la CGR señala que, en la práctica, las funciones establecidas podrían ser “inviables”.

Como si fuera poco, apuntan que el proyecto carece de un respaldo técnico sólido en cuanto a la viabilidad financiera.

“No se presentan estudios que permitan determinar si (los recursos) son suficientes para cubrir las acciones previstas del proyecto, lo que genera incertidumbre sobre la capacidad real de financiar las actividades propuestas en su totalidad.  Tampoco se ofrecen estimaciones claras emitidas por instituciones del Estado sobre su volumen, valor o impacto económico. 

Este análisis permite concluir que las fuentes de financiamiento propuestas en el proyecto carecen del respaldo técnico necesario y generan incertidumbre respecto a su capacidad de cubrir el costo de las acciones y actividades propuestas, lo que podría dar lugar a riesgos que comprometan la sostenibilidad del proyecto a largo plazo”, concluye el documento.

Finalmente, sobre la figura del fideicomiso público “no cuenta con una justificación que respalde su idoneidad como mecanismo financiero” además que los incentivos fiscales y exoneraciones propuestos deben ser examinados con “mayor rigurosidad” dado su impacto sobre la recaudación tributaria.