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La Contraloría General de la República (CGR) insiste en la importancia de contar con presupuestos plurianuales para planificar el uso de los recursos del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES).
Bernal Aragón, subcontralor de la República, explicó en la Comisión de Ingreso y Gasto Público que es necesario analizar cuánto dinero del fondo está comprometido y cuánto permanece disponible, con el fin de determinar cómo pueden utilizarse esos recursos en el corto plazo.
“Insistimos en la plurianualidad de los presupuestos para poder tener por lo menos una dimensión de corto plazo de cómo se puede consumir esa disponibilidad”, manifestó.
El representante de la Contraloría advirtió que, si se mantiene el ritmo actual de compromisos, los recursos disponibles podrían dejar de utilizarse en el corto plazo debido a las obligaciones presupuestarias existentes.
Desde 2015, en el gobierno de Luis Guillermo Solís, las negociaciones del FEES dejaron de negociarse cada cinco años para ser anuales, pese a que el artículo 85 de la Constitución Política establece que:
“Ese plan deberá concluirse, a más tardar, el 30 de junio de los años divisibles entre cinco y cubrirá el quinquenio inmediato siguiente”.
Por lo que, según la Carta Magna, debe ser cada cinco años.
Asimismo, desde la Asamblea Legislativa, diputados del Partido Liberación Nacional (PLN) “seguirán en la lucha para un FEES quinquenal”.
Así lo indicó su jefe de fracción, Álvaro Ramírez: “Hemos estado hablando de la importancia de que las universidades puedan tener un horizonte de planificación suficiente para que puedan decidir cuáles son las inversiones que les conviene, cómo podemos abrir nuevas sedes en las zonas rurales en donde necesitamos llevar oportunidades”, dijo Ramírez.
Añadió que la negociación anual es “desgastante” y “genera incertidumbre y no es una buena práctica para la planificación de los recursos”.
Durante la sesión, la diputada Karol Matamoros, del PLN, preguntó si las auditorías de la Contraloría habían detectado desvíos de recursos del FEES hacia fines ajenos a la educación, la investigación o la acción social.
En respuesta, Humberto Perera, del Área de Fiscalización de la CGR señaló que la institución ha realizado 10 auditorías relacionadas con las universidades públicas y el Consejo Nacional de Rectores (Conare).
También indicó que han recibido denuncias y promovido correcciones en distintas situaciones.
Entre los temas revisados mencionó las remuneraciones, particularmente la necesidad de ajustarlas a la Ley 9635.

